Nicaragua concedió asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), investigado en su país por corrupción, un mal que se encargó de denunciar con firmeza en su gestión y que motivó a llevar a otro expresidente ante el banquillo de los acusados.
Funes, el primer presidente de izquierda que gobernó El Salvador, argumentó en su pedido de asilo que corría "peligro su vida e integridad física y la de su familia por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política", según señala la gaceta oficial de Nicaragua.
Junto al exmandatario fue amparado su núcleo familiar, integrado por su actual compañera Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán.
La publicación señaló que las leyes nicaragüenses "aseguran el asilo (...) amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos", lo que habría justificado la medida.
El expresidente, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato son objeto de una demanda por no justificar 728.329 dólares en un proceso civil que se ventila en los tribunales, que han fijado una audiencia sobre el caso para el próximo 12 de setiembre.
Más de una decena de allanamientos, que incluyeron la casa del expresidente, fueron autorizados por un juzgado de San Salvador con el fin de "incautar evidencias relacionadas a los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública", atribuidos a Funes.
Funes gobernó bajo la bandera del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, actualmente en el poder y aliado político del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.
La Fiscalía General de El Salvador abrió una investigación contra Funes por presunto enriquecimiento ilícito.
En una primera reacción del gobierno salvadoreño, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo en una improvisada rueda de prensa que El Salvador respetará la decisión de Nicaragua.
"Lo que nos corresponde es reconocer lo actuado por el gobierno de Nicaragua", dijo Chicas, tras asegurar que será Funes quien explique qué sectores en El Salvador efectúan la persecución política en su contra pues el gobierno del FMLN no lo hace.
El coordinador del FMLN, Medardo González, apoyó al exmandatario de izquierda por considerar que "es inocente de lo que se le acusa mientras no se demuestre lo contrario".
Un portavoz de la Fiscalía salvadoreña aseguró a la AFP que pese a la decisión de Nicaragua de otorgar asilo a Funes "las investigaciones en su contra no se detendrán, siguen adelante sin ninguna variante".
El exgobernante salvadoreño fue identificado por un periodista nicaragüense en un supermercado a mediados de agosto pasado, pero dijo entonces que se encontraba en Nicaragua por razones de trabajo.
No obstante, el exmandatario explicó en su cuenta de Twitter que "no mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo el 31 de agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra".
En Nicaragua el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de la revista digital Confidencial, puso en su cuenta de Twitter que Funes en Nicaragua "nunca fue turista ni consultor", sino que llegó a ese país en busca de asilo.
Días atrás Funes arremetió en las redes sociales contra Chamorro, al que llamó "entrometido" por indagar los motivos de su presencia en el país.
El exmandatario reside en Nicaragua bajo la protección del gobierno, que le ha asignado custodia policial, según la prensa local.
Como presidente, Funes se encargó de denunciar casos de corrupción cometidos por miembros de la derecha.
El caso más emblemático denunciado fue el del expresidente Francisco Flores, fallecido en enero pasado, quien fue investigado por delitos de corrupción tanto por el Congreso como por la fiscalía a raíz de una denuncia hecha en 2013 por Funes.
Flores afrontaba un juicio por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros, por una presunta apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su administración (1999-2004).
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