La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigado este jueves al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en relación a siete ayudas dentro del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Así, la magistrada ha citado como investigado a Guerrero por siete ayudas concedidas a los ayuntamientos de La Barca de la Florida y Chiclana de la Frontera (Cádiz), y a los consistorios de Camas y La Puebla del Río (Sevilla), así como a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, Novomag y la empresa Centro Limpieza Industrial Huévar.
En un escrito, el abogado de Guerrero ha solicitado la suspensión de estas declaraciones, recordando que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández también pidió la suspensión de su declaración del 14 de junio por una ayuda al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) alegando para ello que no puede ser investigado ni enjuiciado en relación a más ayudas de los ERE tras haber sido procesado junto a otros 25 ex altos cargos en la pieza separada del procedimiento específico.
El letrado de Guerrero, que también ha sido procesado dentro de esta pieza separada, recuerda que la juez acordó la suspensión solicitada "hasta decidir sobre el asunto" y pone de manifiesto que los fundamentos expuestos por Antonio Fernández son "acertados", por lo que su intención es "proceder a su alegación" en las comparecencias como investigado fijadas por la juez para este jueves.
Al hilo de ello, solicita la suspensión de las comparecencias previstas para este jueves "en aras a la economía procesal y en evitación del traslado de numerosos letrados residentes en partidos distintos al de Sevilla" y "hasta tanto recaiga resolución firme sobre el fondo de la cuestión".
EL ESCRITO DEL EXCONSEJERO
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández pidió a la juez que, tras ser procesado en la pieza separada del procedimiento específico, sea "apartado" de "todas y cada una de las investigaciones que sobre ayudas sociolaborales o directas a empresas se acordó desarrollar y están iniciadas", así como que no sea incluido en ninguna de las nuevas piezas o diligencias que en el futuro pudieran incoarse.
A juicio del letrado, Antonio Fernández, "como aquellas personas en su misma situación, no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento".
El abogado considera que "la lógica" de la división en piezas del caso ERE acordada en julio de 2015 por la juez Núñez "pasaba por examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo", pero opina que el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo "tiene como uno de sus primordiales efectos el de vaciar de contenido y dejar sin efecto aquella proyectada división".
Y es que, según expone, el auto del juez Álvaro Martín "deja definitivamente delimitado desde la perspectiva objetiva dicho procedimiento en términos de alejarse de aquella delimitación tal y como fue inicialmente concebida", pues pasa de investigar un presunto delito de prevaricación a indagar también una malversación de caudales públicos.
De este modo, el auto de 31 de mayo "desborda netamente" aquella delimitación que se ceñía a la "eventual naturaleza prevaricadora" del procedimiento específico al incluir en su objeto "los hechos conectados a la aceptación de las consecuencias de ese procedimiento, es decir, los hechos relacionados con la disposición de fondos públicos".
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL
Al hilo de ello, el abogado del exconsejero recuerda el principio de legalidad penal recogido en la Constitución Española y por el que "se designa la prohibición de sancionar más de una vez un mismo hecho ilícito".
Estos son los argumentos que, de forma verbal, expuso el letrado el pasado 14 de junio para pedir la suspensión de la declaración de su patrocinado por la ayuda de 30.050,71 euros que concedió en 2003 la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) para la II Feria de Muestras y Artesanías.
En esa comparecencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el resto de acusaciones se opusieron a la petición de suspensión de la declaración, no obstante lo cual la juez accedió a suspenderla para responder por escrito al planteamiento del letrado.
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