En un informe realizado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL), la organización ha alertado de que los detenidos fueron víctimas de abusos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad libias durante el proceso judicial.
La ONU, que ha señalado que nueve de los acusados fueron condenados a pena de muerte, Saif al Islam Gadafi in absentia, ha instado a las autoridades del país a paliar las deficiencias del sistema judicial libio.
Entre marzo de 2014 y julio de 2015, cuando se hizo público el veredicto, los abogados de los acusados alertaron de las malas condiciones en las que se encontraban los detenidos bajo custodia policial y aseguraron que habían tenido serias dificultades a la hora de reunirse con sus clientes.
El informe de Naciones Unidas alerta de que el derecho a la defensa se vio vulnerado durante el juicio y señala que la Fiscalía no contó con la presencia de testigos de cargo. Además, los casos fueron presentados de forma superflua durante las audiencias judiciales, según la organización.
"Que los que hayan violado las leyes tengan que pagar un precio ante la justicia está bien, pero es de vital importancia que esto se produzca de forma justa", ha indicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein.
"Este juicio supuso una pérdida de la oportunidad para hacer justicia y permitir a la población libia reflexionar sobre la conducta del régimen", ha aseverado Al Hussein, que ha afirmado que el sistema no permite presentar un recurso de apelación sino únicamente de casación.
La organización ha instado al tribunal de casación a ofrecer los recursos necesarios para lograr que los juicios en Libia cumplan con los estándares a nivel internacional y ha destacado la necesidad de reformar el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal para asegurar el acceso a una defensa justa y permitir que los crímenes queden claramente tipificados.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
La ONU ha insistido en la necesidad de que Saif al Islam sea juzgado ante el TPI y ha señalado que las denuncias por tortura deben ser investigadas. Según Al Hussein, el procedimiento "no cumplía con algunas de las leyes libias y tampoco se ajustaba a los estándares internacionales".
Desde que Gadafi fue derrocado en 2011, Saif al Islam ha estado detenido en la localidad de Zintan, en el oeste, por una de las facciones en el país. En 2015, un tribunal de Trípoli lo condenó a pena de muerte por crímenes de guerra. Sin embargo, los milicianos se han negado a entregar a Saif al Islam a las autoridades.
"El Gobierno de Libia se ha visto incapacitado para asegurar la detención de Saif, que continúa en Zintan y se encuentra exento de control alguno por parte de las autoridades libias reconocidas internacionalmente", ha asegurado Al Hussein.
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