Así lo ha anunciado este domingo la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento andaluz, Patricia Navarro, en rueda de prensa, al tiempo que ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "cuelgue ya el bañador y se ponga manos a la obra para solucionar los graves problemas que tiene Andalucía".
"Le pedimos que sea en esta semana en la que se conozca ese informe jurídico que anunciaron", ha apuntado Navarro, y ha insistido en que el consejero debe explicar "cuál va a ser la actuación de la administración autonómica ante este nuevo escenario que vuelve a sumir a los chiringuitos en la incertidumbre".
Navarro ha criticado que "sólo" 30 de 200 chiringuitos malagueños han sido regularizados, "cuando hace tres años que se aprobó la Ley de Costas y hace dos que se desarrolló el reglamento que servía como herramienta legal para dar forma a esta necesaria seguridad jurídica". "Esta Ley podía haber dejado a cero chiringuitos en situación irregular en la provincia de Málaga", ha lamentado, "cuando en Granada más del 60 por ciento tienen ya su concesión".
Del mismo modo, ha recordado que hace "más de cinco años que se traspasaron las competencias en materia de chiringuitos a la Junta de Andalucía, después de su insistencia al Gobierno central", por lo que, ha señalado, "si Susana Díaz hubiese cumplido con su deber, ningún chiringuito estaría afectado por esta sentencia".
En ese sentido, ha criticado que desde el Ejecutivo autonómico fuesen "muy diligentes para pedir competencias pero muy incapaces para desarrollarlas", ya que "el balance de ese traspaso de competencias es más que negativo".
Por ello, ha dudado de "los motivos" que llevaron a la Junta a pedir esas competencias: "nos cuestionamos esos motivos, si fue para traer paz social al sector o si fue por algo que traspasa eso, para tener a los establecimientos de playas como los tienen, cogidos por el cuello", ha opinado.
"LA JUNTA, CERRADA POR VACACIONES"
Asimismo, ha criticado que "a vista de la sentencia --del TS-- la Junta está cerrada por vacaciones: lo único que se ha hecho por parte de la Consejería es solicitar un informe jurídico que analice la situación, pero prorrogando las conclusiones a mediados de septiembre, como si el tema no fuera urgente".
Por todo ello, ha subrayado la necesidad de que el Gobierno andaluz aborde este asunto "con celeridad, para garantizar la estabilidad de un sector tan importante para nuestra economía y para la creación de empleo", tal y como plantearon los populares en una PNL aprobada por unanimidad en abril de 2016 y en la que se pedía al Gobierno andaluz que todas las concesiones estuvieran regularizadas a fecha 1 de octubre, ha apuntado.
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