Los diputados del PPdeG han rechazado con sus votos una iniciativa del Grupo Mixto --que incorporó una enmienda socialista y fue apoyada de forma unánime por la oposición-- en la que se pedía, entre otras cuestiones, "reprobar" la acción de la Policía Nacional al identificar en el Carnaval de Ourense a un joven que, a modo de parodia de lo ocurrido en Madrid, se había disfrazado de titiritero y portaba un cartel con el lema 'Gora Alka-ETA'.
"No se puede usar la plataforma parlamentaria para cuestionar la profesionalidad de estos agentes", ha argumentado el popular Miguel Tellado, quien ha recordado las 829 víctimas mortales de ETA y ha indicado que, para el PP, "el enaltecimiento del terrorismo es un delito muy grave con el que no se puede coquetear".
Así las cosas, han rechazado la iniciativa defendida por Carmen Iglesias (Grupo Mixto) en la que se buscaba que el Parlamento gallego expresase su "preocupación" por las recientes actuaciones de las fuerzas del Estado que "instrumentalizan políticamente delitos tan graves como el delito del enaltecimiento del terrorismo".
Asimismo, se demandaba "reprobar" la actuación de la Policía Nacional en el Carnaval de Ourense que --esgrimía-- evidencia "un desconocimiento profundo de las tradiciones, fiestas e idiosincrasia gallega por parte de estos servidores públicos"
Por último, la propuesta de Iglesias reclamaba a la Xunta que instase a las autoridades pertinentes a que "situaciones similares no se vuelvan a repetir" por "coartar y lesionar los derechos de las personas" como la libertad de expresión y la seguridad jurídica.
"LEY MORDAZA"
Si la oposición coincidió en criticar la "exageración" en este caso registrado en el Carnaval ourensano, así como en el trato que recibieron los titiriteros detenidos en Madrid, Iglesias, Xabier Ron (AGE), Tereixa Paz (BNG) y Marisol Soneira (PSdeG) también han manifestado similares en relación a la ley de seguridad ciudadana, que han criticado con dureza.
Así ha quedado plasmado en el debate de una iniciativa de AGE que defendió Ron y en la que se alertaba de la "consideración negativa" que hace el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un informe de julio de 2015 en relación "con las nuevas restricciones a las libertades de expresión y reunión derivadas de la ley mordaza".
"Estamos ante una involución de los derechos de la ciudadanía", ha apuntado Ron, extremo con el que ha coincidido Iglesias. Por su parte, Tereixa Paz ha subrayado que el Gobierno de Rajoy pretendía con esta norma imponer "una mordaza social" en un escenario de movilización ciudadana. Para Soneira, la ley constituye "una barbaridad democrática".
Frente a ello, Julia Rodríguez (PPdeG) ha defendido que la ley es "mejor y más garantista" rechazando así el primer punto de la propuesta de AGE que instaba a la "revisión" de la misma.
Los populares sí han apoyado, no obstante, otros dos puntos en los que la Cámara insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno para que elabore un procedimiento específico de implementación de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos; y a reclamar "la aplicación directa del Pacto en todo el ordenamiento jurídico interno del Estado español. Ambos han salido adelante por unanimidad.
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