La acusación ha dejado fuera de su selección al que fuera presidente madrileño, Ignacio González, y ha optado por un perfil más técnico. En concreto, según refleja un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE reclama que comparezca el que fuera viceconsejero de Asistencia Sanitaria Arturo Canalda; el director general de Seguimiento Presupuestario de la Consejería de Sanidad Eladio Tesouro y la secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Mar Pérez Merino.
En la lista también figuran el técnico de apoyo de Diección de la Consejería de Empleo y Mujer, Tomás Criado; el secretario general técnico de Familia y Asuntos Sociales Gonzalo Cerrillo; el director general de Deportes de la Consejería de Cultura Antonio Garde; la subdirectora general de Museos Pilar de Navascués.
El director general de Relaciones Externas de Presidencia Fernando Martínez; la secretaria general técnica de Justicia e Interior Lourdes Manovel y la directora general de la Mujer Patricia Flores cierran la relación.
El tribunal encargado de juzgar a los 37 acusados por las actividades que realizó la trama entre los años 1999-2005 admitió a trámite la solicitud realizada por la acusación popular y le reclamó que eligiera 10 responsables.
Varios de los acusados, como Correa, su 'número dos', Pablo Crespo, o la administradora Isabel Jordán, apuntaron que la Comunidad de Madrid ordenaba trocear facturas para evitar sistemas de control. Precisamente, Jordán aseguró que este fraccionamiento era el "pan nuestro de cada día" y que era la Administración Pública la que "decía el concepto que había que cambiar, la persona a la que había que dirigirse o si había que cambiar el año para facturar".
Ante esto, el abogado del PSOE de Madrid, Wilfredo Jurado, solicitó que acudan a declarar como testigos más de 60 altos cargos de la Comunidad de Madrid, insistiendo de este modo en la petición que ya efectuaron antes del inicio de la vista oral.
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