MARÍN QUEMADA DEFIENDE EL MODELO INTEGRADO DE LA CNMC TRAS EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA UE

- Destaca que su labor contra los cárteles entre 2011 y 2015 ahorra 640 millones de euros anuales a los consumidores. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, defendió este miércoles que el “enfoque integrado” del organismo, que une el control de la competencia y la regulación de mercados, permite “una mayor eficacia y seguridad jurídica” aunque aseguró que acatará lo que determine el Congreso si se aprueba cambiar el modelo.
Así se expresó Marín Quemada en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, en la que valoró la actividad del organismo tras la decisión del Tribunal de la Unión Europea que cuestiona el proceso de formación de la CNMC en referencia al despido de los responsables de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
En referencia a este pronunciamiento, defendió que estos hechos se produjeron cuando la CNMC no existía y defendió que él no tuvo nada que ver en la creación del modelo. “Me encontré un modelo en el BOE”, apuntó. En todo caso, aclaró que la CNMC se responsabilizará del cumplimiento de la sentencia si así lo determina finalmente el Tribunal Supremo.
Entre las ventajas del regulador único, se refirió al hecho de que evita que las empresas, al existir resoluciones de dos organismo, puedan acogerse “a la que más les interese”. Además, sostuvo que se trata de “una estrategia plenamente consolidada” en Europa y destacó que “otras autoridades están reproduciendo nuestra forma de actuar”.
“La CNMC ya ha alcanzado su velocidad de crucero y hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo”, señaló Marín Quemada, quien añadió que “es una organización integrada más fuerte y efectiva para los ciudadanos”.
En esta línea, destacó que las actuaciones contra los cárteles realizadas desde 2011 suponen un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales, cifra que asciende hasta 1.260 millones en 2014 y 2015.
Por último, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Competencia de 2007 para adaptarla a los cambios tecnológicos y para incrementar las sanciones para que sean realmente disuasorias con medidas como la prohibición de que los implicados en cárteles participen en concursos públicos.