REFUGIADOS. LA PLATAFORMA CEDAW SUSPENDE AL GOBIERNO POR SU TRATO A LAS SOLICITANTES DE ASILO VÍCTIMAS DE MALTRATO

La Plataforma Cedaw Sombra España, que vigila el cumplimiento en este país de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (también conocida por sus siglas en inglés, Cedaw), ha puesto un "suspenso" al Gobierno español en el grado de cumplimiento que está haciendo de la convención, cuando faltan dos años para que se someta a examen en Ginebra ante el Comité Cedaw de Naciones Unidas.

El Comité Cedaw ha instado al Estado español a revisar la legislación vigente en materia de violencia de género, incorporando otras formas de violencia que superen el ámbito de la violencia ejercida por las parejas o exparejas, revisando también su dispositivo de datos para acceder a información sobre violencia sexual, al tiempo que amplía y mejora calidad de la formación de las y los agentes (judicatura, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) que intervienen en los procesos de las víctimas, con el fin de mejorar su atención evitando desafortunadas situaciones de victimización secundaria o revictimización.
Según explica la plataforma en un comunicado, a pesar de que el Gobierno ha comenzado un proceso de diálogo para establecer un Pacto de Estado contra la violencia, “lo cierto es que este proceso (lento y no demasiado claro al respecto de sus resultados) no garantiza que vaya a traducirse en un cambio claro de la legislación”.
Otra recomendación del Comité Cedaw que el Gobierno “claramente suspende”, a juicio de la plataforma, está en relación con la necesidad de proporcionar un tratamiento adecuado a mujeres y niñas refugiadas, incorporando una perspectiva de género en los programas de asistencia.
“Desafortunadamente, esta recomendación tiene una amplia base a la vista de las más que obvias carencias del Estado Español en sus compromisos de atención a las demandas de asilo y de acogida de personas refugiadas, cuidando los procedimientos más garantistas y que respeten escrupulosamente los derechos de las personas solicitantes de asilo”, señala la plataforma.
Más allá del “clamoroso incumplimiento por lo que respecta al número de personas refugiadas que ya deberían estar aquí", la plataforma ve “especialmente terrible comprobar cómo la Oficina de Asilo y Refugio (OAR, responsable de los procesos de instrucción de las solicitudes, no garantiza los mínimos que han de aplicarse en los procesos de entrevista con las mujeres solicitantes de asilo, muchas de las cuales son posibles víctimas de trata, y que están recogidos tanto en la legislación comunitaria (que no se termina de trasponer) ni en las directivas de Acnur”.