REFUGIADOS. JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DENUNCIAN QUE EUROPA CAMBIA “VIDAS POR DINERO” Y SE SALTA LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) denuncian en un comunicado conjunto que Europa se salta la legalidad internacional con el acuerdo alcanzado con Turquía sobre repatriación de extranjeros y que ha optado por cambiar “vidas por dinero”, sin dar solución a la crisis de los refugiados.
A su entender, el acuerdo entre Europa y Turquía del 7 de marzo para devolver al país vecino a toda persona extranjera que llegue ilegalmente a las costas griegas, a cambio de traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y a aumentar los 3.000 millones de euros destinados a Turquía para atender a los refugiados, supone “el abandono por parte de la Unión Europea de la legalidad internacional al no discriminar, y retornar de manera masiva a quienes pueden ser víctimas de persecución y víctimas de la guerra”.
La crisis de los refugiados ha evidenciado, a su juicio, la claudicación de Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, tal y como proclama el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Las instituciones Europeas han demostrado su “incapacidad y ausencia absoluta de voluntad de abordar la situación de una forma justa y conforme a los principios de los Tratados Fundacionales de la Unión”, indica el comunicado.
Pese al acuerdo de octubre de 2015 para reubicar a 160.000 refugiados mediante un reparto de cuotas entre los distintos países, solo 660 refugiados han sido reubicados, y España, de las 16.231 personas que se comprometió a acoger, solo ha recibido a 18.
Por tanto, según JpD y la UPF, el mensaje que lanza la Unión Europea es el del “fracaso en la gestión de la política migratoria” y el de transformar una crisis humanitaria en un problema de orden público, que se combate “levantando vallas y separando pueblos”. Se legitima, además, el comportamiento político del Gobierno turco, “cada vez más distanciado de prácticas democráticas”.
En suma, denuncian, Europa ha optado por “cambiar vidas por dinero” y generalizar expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, sin respetar el derecho a la solicitud de asilo que asiste a todo ciudadano que se encuentre en el interior de un Estado miembro, cualquiera que sea el medio por el que accedió a él.
Por este motivo, ambas asociaciones reclaman que no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguras para todos aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión.