El exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que archive su imputación en la pieza separada de las sobrecomisiones vinculadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ha planteado si su inclusión en esta pieza también responde a un "error material" de la magistrada al igual que ocurrió en el caso del exconsejero Gaspar Zarrías.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Antonio Rivas, Jon Ander Sánchez, recurre el auto al considerar que su patrocinado no tuvo "ninguna participación" en la tramitación de las pólizas para el pago de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, pues su actuación como delegado de Empleo "se limitó a la tramitación de los ERE propiamente dichos, en los que hasta ahora nunca se ha podido acreditar irregularidad alguna".
En este sentido, el letrado asevera que en el auto "no se ofrece argumento ni justificación alguna para la inclusión" de Antonio Rivas entre los presuntos responsables de las sobrecomisiones, "ni siquiera a título indiciario", pues además no se ha acreditado "participación ni competencia alguna en las posteriores gestiones para la tramitación de las ayudas controvertidas en este y en otros procedimientos".
De igual modo, dice ignorar si, "al igual que ha acontecido en el caso" de Gaspar Zarrías, a quien la juez levantó la imputación en esta pieza tras incluirlo inicialmente junto al resto de presuntos responsables, la inclusión de su cliente "constituye también un error material que habrá de subsanar el Juzgado", toda vez que "ninguna justificación ni explicación se contiene" en la resolución "que motive la consignación" de Rivas "en el listado contenido" en la misma.
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Por ello, entiende que "no cabe sino reformar o subsanar la resolución" dictada por la juez María Núñez Bolaños por la "absoluta falta de relación alguna" entre su patrocinado y los hechos relatados en el auto, en razón de lo cual "ninguna imputación se puede sustentar" contra Rivas "respecto a este asunto".
De este modo, pide a la juez que dice una nueva resolución "por la que se declare la ausencia de responsabilidad alguna" del exdelegado de Empleo en Sevilla en relación con las sobrecomisiones de los ERE, decretando en consecuencia el sobreseimiento libre de su patrocinado en relación con esta nueva pieza separada.
La pieza de las sobrecomisiones, una vez corregido el "error" producido con la inclusión de Zarrías, afecta a 15 personas, entre ellas el propio Rivas, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el 'conseguidor' Juan Lanzas, quienes podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
IMPORTES DE PRIMAS
En relación a la pieza de las sobrecomisiones, la magistrada investiga "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto a pesar de todo ello presuntamente ilícito".
A su juicio, "las sobrecomisiones derivarían del hecho puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital --no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhul)-- de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía".
En este sentido, la juez asevera que éstos últimos pagos de importes de primas por la Junta serían "muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas", puesto que "era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta".
La juez también incluye en esta pieza "como penalmente responsables" al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra; a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín; Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e 'intruso' en el ERE de 2007 de Mercasevilla; el dueño de Uniter, José González Mata, o los presuntos 'testaferros' Eduardo Leal del Real y Juan Francisco Algarín.
La pieza también afecta a Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 y cuya esposa fue incluida como 'intrusa' en el ERE de Dhul; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén cuya esposa fue incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa; el abogado Carlos Leal; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas" que falleció recientemente, y Beatriz Núñez.
Un informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cifró en 66.155.573 euros las sobrecomisiones por encima de la media de mercado pagadas en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía.
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