A falta de conocer cuáles serán los apoyos que adquiera la iniciativa, ésta saldrá adelante puesto que los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta.
La senadora 'popular' María Isabel Sánchez será la encargada de defender esta iniciativa en la Cámara Alta, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. En ella pedirá previsiones específicas para los grupos "vulnerables", menores con discapacidad y con problemas de salud mental, para las minorías étnicas, para las víctimas de trata y menores extranjeros no acompañados, entre otros.
La legislación española cuenta desde el agosto de 2015 con la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, una iniciativa que reforma una veintena de leyes tocando desde el sistema de adopción y acogimiento hasta las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales.
Según defendió el Ejecutivo 'popular', se trata de la primera norma que reconoce a los menores expuestos a violencia de género como 'víctimas'. El objetivo del PP ahora sería ir más allá y contemplar esos grupos vulnerables antes mencionados.
PERSONAS MAYORES
La iniciativa del PP cuenta con nueve puntos. Otro estaría centrado en la creación de una política integral de apoyo a las personas mayores, profundizando el envejecimiento activo, otra propuesta versaría sobre el impulso de un pacto social "para avanzar en el fortalecimiento de los pilares del Estado de Bienestar", además de "elevar al máximo" la política de familia.
Reforzar las políticas de apoyo a la maternidad y las medidas de conciliación en el ámbito del hogar "en beneficio de la igualdad real" entre hombres y mujeres, con la puesta en marcha de un Plan de apoyo a la maternidad es otro de sus planteamientos.
En su programa electoral para el pasado 20-D, el PP no recogió ninguna mención a la reforma de la Ley del Aborto, tampoco figuraba la prometida ley de apoyo a la maternidad, pero sí un plan de actuación con diversas medidas y otras ayudas para colectivos concretos, como una de hasta 2.000 euros al año para adolescentes embarazadas y sin recursos.
En la moción el PP también propone promover un proceso de evaluación de la Ley de Dependencia, pendiente desde la anterior legislatura, de igual forma que el desarrollo de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y de una ley general para las personas con discapacidad.
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