EL TERCER SECTOR RECLAMA EN EL CONGRESO UN PACTO DE ESTADO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector reclamó este martes en el Congreso de los Diputados que se alcance un Pacto de Estado contra la Pobreza y la Exclusión Social, con el objetivo de “evitar las situaciones de pobreza y exclusión” y “paliar sus efectos en los casos en los que se hayan producido”.
Poyato compareció en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, donde agradeció al Grupo Parlamentario Popular haber solicitado su presencia para “hacer posible que traslademos la voz del sector a los representantes públicos”.
“Llevamos años reclamando un Pacto de Estado contra la Pobreza y la Exclusión Social que enmarque las acciones que se van a realizar para evitar las situaciones de pobreza y exclusión, o paliar sus efector en los casos que se hayan producido”, manifestó Poyato, que pidió a los representantes políticos su compromiso con un plan de emergencia de carácter integral mientras se alcanza este pacto que irá destinado a “financiar estrategias, programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la sociedad, principalmente entre las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social”.
Asimismo, también pidió una “reforma constitucional que formule los derechos sociales, culturales y económicos como derechos fundamentales, adaptando el marco constitucional al derecho internacional y regional del que formamos parte”, así como “una una Ley Estatal de Derechos y Servicios Sociales que serviría para regular como normativa básica una renta mínima garantizada común para todo el país”, que en cualquier caso podrá ser mejorable por las comunidades autónomas.
Durante su intervención, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector manifestó su rechazo a una posible “terrirorialización de los fondos provenientes del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales”, de forma que “cada comunidad autónoma deba gastar lo que recauda”, ya que “barrios como San Blas (Madrid) o El Raval (Barcelona) quedarían fuera de las subvenciones a pesar de su alta necesidad social porque son lugares donde se recauda menos”.
“NECESITAMOS SEGURIDAD”
Poyato destacó que “el Tercer Sector necesita seguridad”, puesto que “durante muchos años hemos contemplado con incertidumbre nuestro futuro, pensando si sería posible iniciar nuevos programas o atender a las personas que lo habíamos hecho en ocasiones anteriores”, como consecuencia de “las reiteradas sentencias dictadas por los tribunales, en las que se constata la falta de competencia estatal para llevar a cabo programas de asistencia social”.
Sin embargo, explicó que “el Constitucional no se mete en qué cantidad tendría que ir a cada comunidad autónoma o si ese dinero tiene que ir en proporción al dinero recaudado” e instó al Gobierno a que cumpla la sentencia y adopte una solución que, siendo respetuosa con las competencias autonómicas, garantice la solidaridad y atención a las personas, independientemente de dónde hayan nacido.
En este sentido, señaló que abogan por “un doble tramo”, ya que “nosotros creemos que hay actividades que se pueden hacer desde lo estatal”, como por ejemplo “lo que tiene que ver con lo socioeducativo, lo sociosanitario y todo el tema de prevención y sensibilización y la atención social directa que vaya a las ONG”, y añadió que es consciente de que “es difícil”, pero que “es posible si hay voluntad”.
Por último, remarcó que “nos la estamos jugando”, porque “si no se hace bien” podría ocurrir como con el dinero destinado a la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, que “se aprobó en unas condiciones y no estaba condicionada para que las comunidades autónomas lo gastaran en eso”, y “nosotros no queremos que ocurra esto y el dinero que vaya a las comunidades vaya a la Consejería de Bienestar Social y allí se quede” y no llegué a las ONG.