El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha descartado este jueves llevar ante la Fiscalía las deficiencias que su organismo ha detectado en algunos procedimientos de contratación realizados por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2013 y 2014.
Álvarez de Miranda ha presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relación con el Tribunal de Cuentas un informe en el que se critica la falta de justificación adecuada y suficiente de algunos contratos firmados por la Agencia Tributaria o la forma de calcular los precios de licitación en varios expedientes.
Ante estas críticas, algunos parlamentarios como los senadores de la antigua Convergència Joan Bagué y ERC Bernat Picornell o la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere han criticado duramente a la Agencia Tributaria, que "predicar con el ejemplo" ante los ciudadanos y no "cometer errores tan básicos" como los detectados por el organismo fiscalizador.
LA AEAT SE LO PASA POR EL FORRO
"Es un informe vergonzoso, parece que la Agencia se pasa por el forro los informes del Tribunal", ha reprochado Picornell, recordando que muchas de las irregularidades detectadas ya se han puesto de manifiesto en anteriores fiscalizaciones. Bagué ha llegado incluso a reclamar que se estudie la posibilidad de llevar este asunto ante la Fiscalía y pedir responsabilidades penales a los responsables de la AEAT.
También la senadora socialista Carmen Iglesias ha reclamado "especial ejemplaridad" a la Agencia Tributaria, aunque no ha sido tan dura en sus críticas, poniendo de relieve también los aspectos positivos en la contratación que se mencionan en el informe. Unos puntos en los que se ha centrado ampliamente el diputado del PP Juan Bravo, que también ha subrayado que la propia AEAT "reconoce que tiene que intentar mejorar".
Sin embargo, en el turno de réplica Álvarez de Miranda ha subrayado que el informe sólo contiene "una carga crítica sobre elementos procedimentales que la Agencia tiene que mejorar" pero "ni el fiscal ni el Servicio Jurídico del Estado aprecian indicios de irregularidades contables o de cualquier otro tipo".
"Son carencias de documentación, de justificación de contrataciones o sugerencias de mejora de las tramitaciones de los contratos que la Agencia debe plantearse para incrementar su transparencia y su buena gestión interna. El Tribunal de Cuentas está para ayudar y para señalar las cuestiones que no se están haciendo bien", ha añadido.
NO SE HABLA DE FRACCIONAMIENTO
Además, con respecto a algunos contratos que se deberían haber tramitado en un único expediente, el presidente del organismo fiscalizador ha destacado que "no se habla de fraccionamiento", en cuyo caso sí sería pertinente "pedir la intervención de la Fiscalía", sino de casos que "deberían haberse tratado conjuntamente" para tener "mayores garantías".
Por todo ello, Álvarez de Miranda ha declinado hacer una valoración global "ni positiva ni negativa" sobre la forma de contratar de la AEAT, ya que el informe pone de manifiesto "distintas incidencias" y propuestas de "mejora" que afectan, no obstante, sólo a algunos casos.
"El informe tiene aspectos negativos y positivos. Si se quieren quedar con la parte que les interesa es muy legítimo, pero el Tribunal se queda con todas las partes", ha zanjado.
ALEGACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.
Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria trasladaron a Europa Press que en el anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas, en su página 12, se incluía una valoración "altamente positiva" de la contratación en la Agencia Tributaria, referencia que, a pesar de la petición del organismo tributario, no aparecía en el informe final, que sí recogía otras alegaciones de la Agencia Tributaria.
En cuanto a las denominadas 'incidencias' que expone el Tribunal de Cuentas, el organismo tributario indica que son incidencias concretas sobre determinados expedientes, pero no cuestiona el carácter general de la contratación de la Agencia Tributaria. Además, añade que la mayor parte de dichas incidencias quedan justificadas con los documentos aportados a posteriori por la AEAT.
Sobre la falta de motivación de algunos contratos, asegura que para cada uno de los expedientes en que el Tribunal de Cuentas detecta esta incidencia se ha justificado por parte de la Agencia Tributaria que, aunque el contenido del informe-memoria que justifica la necesidad del gasto no siempre tiene el contenido mínimo que, a juicio del Tribunal, debería reunir, existen otros documentos como documentación preparatoria de la licitación, que justifican suficientemente la necesidad e idoneidad del contrato.
Respecto a la falta de concordancia entre los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, la AEAT indica que se trata de aspectos técnicos que no fueron determinantes para la adjudicación del contrato. En cualquier caso, la Agencia Tributaria manifestó en sus alegaciones que, para evitar posibles divergencias, en futuros contratos se seguirá el criterio señalado por el Tribunal Cuentas.
En otro expediente de suministro se argumenta, además, que los tiempos de respuesta y reparación ya eran exigentes y suficientes y hacían innecesario incluir una mejora en detrimento del precio, que era el único criterio de valoración.
En cuanto al procedimiento negociado y a si no consta negociación o petición de mejora de precio, la Agencia Tributaria indica que se trata de un contrato concreto, donde el Tribunal de Cuentas critica que el presupuesto es en la práctica "a tanto alzado" y que se negoció antes y no después de licitar el contrato. La AEAT lo justifica porque se trata de un contrato en el que sólo había un posible proveedor, lo que, exige una negociación previa con el contratista para fijar las prestaciones y el importe del contrato, sin que tenga sentido abrir un nuevo proceso de negociación a posteriori sobre el precio y las prestaciones que incluye el contrato.
Por último, sobre la no exigencia de indemnización por daños y perjuicios, la Agencia Tributaria contestó al Tribunal de Cuentas que las obras a las que se refería aún estaban en plazo de garantía y que sólo cuando finalice ese plazo se podría evaluar y exigir, en su caso, los daños y perjuicios.
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