A.Nacional duda de la constitucionalidad de la reforma de justicia universal

  • El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía del alto tribunal han mostrado hoy sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que el PSOE ha exigido al PP que respete las decisiones de los magistrados en la aplicación de la norma.

Madrid, 19 mar.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía del alto tribunal han mostrado hoy sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que el PSOE ha exigido al PP que respete las decisiones de los magistrados en la aplicación de la norma.

Andreu es el primer magistrado de la Audiencia que ha pedido a la Fiscalía y a las partes personadas que se pronuncien sobre si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la reforma en las casos que tramita su juzgado, el genocidio en Ruanda y el ataque al campo de refugiados de Ashraf.

El magistrado es el último de los seis jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que se dirige a las partes, entre ellas la Fiscalía, para que informen sobre los efectos en las causas que tramitan de la reforma de la justicia universal.

Andreu ha planteado esta cuestión a las partes a través de una providencia y les ha dado un plazo "común e improrrogable" de diez días para pronunciarse sobre ello. En caso contrario les ha preguntado si entonces debe archivar la causa, como recoge la disposición transitoria de la reforma.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado sobre este asunto y ha pedido al juez Santiago Pedraz que anule el auto por el que rechazó archivar el caso Couso, porque de lo contrario está impidiendo a las partes plantear cuestión de inconstitucionalidad.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha solicitado al magistrado en su recurso al auto dictado el pasado lunes en el caso Couso, la muerte del cámara José Couso en Irak en 2003, que proceda de manera "urgente" a la conclusión del sumario para que eleve las actuaciones a la Sala de lo Penal para que sea la que resuelva si cabe ese archivo.

La fiscalía ya manifestó su discrepancia con la reforma y apuntó la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad por estos casos en la queja que remitió al fiscal general del Estado, al entender que esa reforma limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser "en cierta medida" inconstitucional.

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias ha presentado en el Consejo General del Poder Judicial una denuncia contra Pedraz por dos supuestas faltas muy graves al mantener el caso Couso "en contra de la ley".

A juicio de Manos Limpias, si el instructor tenía dudas en la aplicación de la norma "tenía que haber interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que ha actuado conscientemente en contra de la ley o ha incurrido en una ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

En el plano político, el PSOE ha pedido hoy al PP que respete la decisión del juez Pedraz de no archivar el caso Couso y ha atribuido las críticas del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, al magistrado a su "ignorancia" en aspectos jurídicos.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, ha calificado de "interesante" el debate jurídico que ha surgido en torno a la aplicación de la justicia universal por parte de algunos magistrados, por lo que ha pedido "respeto" a la discrepancia que puedan mostrar los jueces.

El pasado martes, el diputado popular advirtió al juez a Pedraz de que está obligado a cumplir las leyes y que, por tanto, no se puede negar a aplicar la reforma de la justicia universal al caso de la muerte del cámara de televisión en la guerra de Irak.

Además, Alonso tildó de "bastante pintoresca" y sin "ninguna base" las declaraciones del juez Baltasar Garzón, quien ayer afirmó que la reforma supone una injerencia en la independencia judicial y podría tener consecuencias penales para los diputados que la aprobaron.

El diputado socialista ha atribuido a una "ignorancia excusable" respecto de aspectos jurídicos las críticas del parlamentario popular que evidencian, en su opinión, "el escaso conocimiento de esta persona sobre este asunto".

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