Madrid, 1 dic.- La Audiencia Nacional ha fijado para el 3 de febrero el acto de conciliación y -en caso de no haber acuerdo- el posterior juicio contra el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, tras admitir la demanda de Jueces para la Democracia (JpD) por la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces.
La Sala de lo Social de la Audiencia ha admitido a trámite la demanda de conflicto colectivo presentada por la asociación de jueces y ha citado para ese día a cuatro magistrados para que declaren como testigos en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo y se celebre finalmente el juicio.
Los jueces citados son Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ; Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Gloria Poyatos, magistrada decana de Lanzarote, y Javier Martínez Derqui, juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD.
También ha emplazado ese día como perito a Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Jaén, según el decreto de la Sala de lo Social remitido por JpD.
El acto de conciliación de la demanda por la falta de medios en la justicia y la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales se celebrará el 3 de febrero a las 9.00 horas y, en el caso de que no haya acuerdo, seguidamente tendrá lugar el juicio en la Audiencia Nacional, en el que se ha designado ponente el magistrado Ricardo Bodas.
En otro auto, la Audiencia también requiere al CGPJ que aporte la documentación solicitada en la demanda, como actas de las reuniones de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, un estudio de la medición de la carga de trabajo de los juzgados y tribunales e informes donde se recoge el resultado de los exámenes médicos realizados a jueces en los últimos años.
En la demanda, JpD destaca que el CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, es titular de las competencias sobre la inspección, nombramientos, formación, potestad reglamentaria y determinación de la carga de trabajo de los jueces, y por tanto "responsable de los riesgos laborales" de los magistrados.
El Ministerio de Justicia, por su parte, es responsable del abono de retribuciones y, junto a las comunidades autónomas, titular de los centros de trabajo y medios materiales, según la demanda.
Explica que el CGPJ "carece de las herramientas esenciales para una eficaz protección frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluación de riesgos y la fijación de una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral".
"Frente al incumplimiento del CGPJ y del Ministerio de Justicia, sin evaluación de riesgos y sin plan de prevención, el colectivo judicial como empleados públicos se encuentran en la más absoluta desprotección", afirma el documento.
Respecto a la carga de trabajo de los jueces, expone que han sufrido un "fuerte incremento de su actividad tras la crisis económica" y el CGPJ no ha puestos medios para solventarlo, una situación que califica de grave porque en algunos casos los órganos judiciales sobrepasan el 150 por ciento de la carga de trabajo.
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