A. Nacional verá lunes excarcelación 28 narcos por reforma justicia universal

Madrid, 25 abr.- El pleno de la Audiencia Nacional estudia el lunes la puesta en libertad de ocho narcos sirios como consecuencia de la reforma de la justicia universal y la posible excarcelación de otros 20 acusados pendientes de ser juzgados por delitos de tráfico de drogas a los que también podría favorecer la nueva norma.

Esta será la primera vez que los 18 magistrados que integran el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncien acerca del alcance de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha limitado la aplicación de la justicia universal, han informado hoy fuentes jurídicas.

Una de las primeras consecuencias de la nueva norma fue la liberación por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de ocho presuntos narcos sirios detenidos el 17 de marzo de 2013 en un barco con bandera de Sierra Leona en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís con destino a Orán (Argelia).

Esos ocho excarcelados se unieron a otros ocho narcos egipcios que días antes puso en libertad su colega Fernando Andreu y pese a que esta última cuestión aún no ha sido elevada al pleno y los magistrados no tendrán que pronunciarse al respecto, lo que decidan sobre los liberados por Gómez Bermúdez podría ser extrapolable a esa otra causa.

En esa misma reunión, que se celebrará el lunes por la tarde a puerta cerrada, los magistrados analizarán también dos cuestiones planteadas por la sección segunda de la Sala de lo Penal respecto a dos causas que afectarían a otros 20 presuntos narcotraficantes que se encuentran en prisión a la espera de juicio.

Se trata, por un lado, de trece marroquíes que estaban a punto de ser juzgados y que fueron detenidos en un barco sin pabellón interceptado el 31 de mayo de 2013 en el mar de Alborán con 16 toneladas de hachís con un destino que no era España. La Fiscalía Antidroga pide para cada uno seis años y dos meses de prisión por un delito contra la salud pública.

El otro caso se refiere a siete sirios apresados el 28 de septiembre de 2013 en alta mar en un barco con bandera de Sierra Leona llamado Moonlight con 479 fardos de pastillas de hachís cuando se encontraba a 32 millas de Casteldeferro (Granada) y cuyo destino era Alejandría (Egipto).

El debate de estas cuestiones se centrará principalmente en determinar si los tratados internacionales, en este caso, la Convención de Viena contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, prevalece sobre la reforma de la ley de justicia universal.

Para evitar las excarcelaciones de narcos, Antidroga pidió a Andreu y a Gómez Bermúdez que aplicaran el artículo 17 de la Convención, que establece la necesaria cooperación entre los estados signatarios para eliminar el tráfico ilícito por mar.

Los jueces de instrucción determinaron que tras la reforma la competencia de la justicia española en estos casos solo sería posible cuando los hechos se hubieran producido a bordo de un barco con bandera española, el procedimiento se dirigiera contra un español o el grupo criminal fuera a cometer el delito en España, lo que no sucede en ninguno de estos casos.

Respecto a la Convención de Ginebra determinaron que no era aplicable en estos casos porque no establece la jurisdicción de los tribunales de los estados en la investigación este tipo de hechos.

El pleno tiene aún pendiente pronunciarse acerca del alcance de otros tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra o la Convención contra la Tortura, que impiden a juicio de magistrados de la Audiencia Nacional el archivo de las causas de justicia universal que propugna la nueva norma que entró en vigor el 15 de marzo.

Para mantener abierto el caso Couso, sobre el asesinato en Irak del cámara José Couso en 2003, el juez Santiago Pedraz se apoyó en la IV Convención de Ginebra, que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.

Esta decisión levantó ampollas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha pedido en dos ocasiones al juez que la revoque, concluya el sumario y lo eleve a la Sala de lo Penal para que sea este órgano en pleno el que decida sobre el archivo o, de estimarlo oportuno, plantear recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la justicia universal.

Precisamente, en contestación al último recurso del fiscal, que deberá ser resuelto por el pleno, Pedraz observó contradicciones entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la de Antidroga a la hora de aplicar convenios internacionales.