Abogada de Ignacio González critica el "juicio paralelo y mediático" sufrido

Málaga, 6 may.- La abogada que representa al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su mujer, Lourdes Cavero, ha denunciado hoy que el jefe del Ejecutivo madrileño sufre "un juicio paralelo y mediático" con el caso que investiga supuestas irregularidades relacionadas con su ático de Estepona (Málaga).

Esta mañana ha quedado visto para resolución la vista por el recurso de apelación donde se ha analizado, entre otros asuntos, si sigue adelante la imputación de Lourdes Cavero, por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en relación con la compra de un ático propiedad del matrimonio y la personación de su marido.

La letrada que representa al matrimonio ha asegurado que las difamaciones que han sufrido en este asunto y las falsas acusaciones han desembocado en un juicio paralelo y mediático que ha afectado y atentado contra la imagen del presidente de la Comunidad de Madrid.

Durante su argumentación, la abogada se ha opuesto a la imputación de la mujer y ha solicitado que se permita la personación de González pese a su condición de aforado por su derecho y su presunción de defensa y, además, ha acusado a la instructora de realizar un auto arbitrario y donde se han vulnerado los derechos constitucionales.

Se le está relacionado de forma directa o indirecta en unos hechos y por ello tiene el derecho de personarse, ha argumentado la letrada.

Por su parte, Anticorrupción, que también ha recurrido el auto, se opone a la personación del jefe del Ejecutivo madrileño porque no consta que González tenga relación alguna con la entidad investigada.

Para el fiscal, "no cabe una personación preventiva de una futura e hipotética imputación" y, también se esgrimido que, por otro lado, su personación como imputado en la causa está vetada dada la condición de persona aforada.

El fiscal también ha rechazado la decisión de remitir el asunto a la Audiencia Nacional dado a que, al menos hasta el momento, no se da ninguno de los supuesto que determinan la competencia de la Audiencia Nacional y se ha argumentado que el auto de la instructora "está huérfano de cualquier motivación fáctica sobre los hechos delictivos que imputa".

Y por tanto, para Anticorrupción, "resulta imposible" verificar si el trasvase de la competencia a la Audiencia Nacional es correcto.

El ministerio público ha indicado que hasta lo investigado "no hay base indiciaria para determinar la existencia de un delito de blanqueo de capitales".

Para Anticorrupción, resulta "incongruente" pronunciarse sobre la imputación de determinadas personas físicas y jurídicas en la causa y, acto seguido, inhibirse del conocimiento de los hechos a favor de otro órgano jurisdiccional.

Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha coincidido con el fiscal en oponerse a la imputación de la mujer de Ignacio González, mientras que el Partido Socialista de Madrid (PSM), también personado como acusación, ha pedido que se mantenga su imputación.

La magistrada de Estepona cursó la causa a la Audiencia Nacional para que esta prosiga las investigaciones, al sospechar que se podría haber cometido un delito de fraude a través de una sociedad radicada fuera de España.

Los hechos se producen por la intervención en la operación del empresario mexicano Rudy Valner, también imputado, quien compró el ático en Estepona en nombre de la empresa Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

Valner ostentó la propiedad del inmueble desde 2008 a 2012, año en que Ignacio González adquirió el ático tras saberse que un Juzgado de Estepona había pedido información fiscal sobre el inmueble.