Aborto. Latinoamérica y caribe concentran siete de los nueve países que criminalizan esta práctica en todos los supuestos

Siete de los nueve países del mundo que criminalizan y castigan el aborto en todo el mundo están en América Latina y en el Caribe, por lo que son dos regiones que “navegan a contracorriente en la despenalización de esta práctica”, según Amnistía Internacional (AI).
Así lo denunció este viernes AI en un comunicado con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en el que pidió a los Gobiernos latinoamericanos que deroguen las leyes que penalizan el aborto y garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto al menos en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malformación fetal grave, y en casos de violación o incesto.
En el caso de El Salvador, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional esta misma semana, hay una de las leyes más restrictivas. Las mujeres y las niñas no pueden abortar, aunque esté en riesgo su vida. “Ni siquiera una niña de nueve años, embarazada como resultado de una violación, puede abortar”, advirtió esta organización.
En Nicaragua ni siquiera se reconoce el aborto en caso de violación. En este país, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si las descubren.
Otros Estados como Chile, han anunciado que van a revisar esta situación. En su programa de gobierno la actual presidenta, Michelle Bachelet, se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto. “El Salvador, así como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y Haití deberían seguir su ejemplo”, reclamó Amnistía.
Pero incluso en los demás países de la región, que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible “hace que haya un permanente manto de dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley”, según denuncia esta organización.