Manifestamos "nuestro beneplácito por el avance hacia la justicia y la verdad con las recientes capturas de varios exintegrantes del ejército de Guatemala", detalló un comunicado emitido por tres entidades humanitarias que se acreditarán como querellantes en el proceso judicial contra los militares.
Las organizaciones que emitieron la declaración son el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y la Asociación Integral para el Desarrollo de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces (ADIVIMA).
El miércoles, la fiscalía de Derechos Humanos logró la detención de 14 militares acusados de participar en al menos 88 masacres de indígenas durante el conflicto armado interno, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el conflicto interno, que duró 36 años.
Parte de la investigación se fundamenta en el hallazgo, entre 2012 y 2015, de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 han sido identificados con pruebas de ADN.
Otros cuatro militares en situación de retiro fueron arrestados durante los allanamientos por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen, perpetrada el 6 de octubre de 1981 en la periferia oeste de la capital.
Los detenidos están "señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que ha provocado la destrucción del tejido social a nuestro país", agregaron las tres entidades en el boletín.
La guerra interna guatemalteca dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó del 93% de las masacres a las fuerzas del Estado. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos se registraron en zonas indígenas asentadas en el altiplano occidental.
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