Afectados piden a Torres-Dulce que no prescriban los casos de niños robados

Madrid, 10 oct.- Las asociaciones de afectados por los casos de niños robados han pedido hoy al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, una instrucción en la que se defienda la no prescripción de los delitos para investigar los casos de niños robados.

Así lo han expresado tras mantener una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha anunciado la puesta en marcha a finales de diciembre o principios de enero de una nueva oficina para atender a las víctimas de posibles casos de sustracción de niños.

El abogado Enrique Vila, del Colectivo de Afectados por Adopciones Irregulares, ha reclamado una instrucción de la Fiscalía General del Estado para que el ministerio fiscal demande la no prescripción de los delitos relacionados con el robo de niños.

"No hay que olvidar que se han cometido unos delitos gravísimos de lesa humanidad, que han roto la vida de muchas familias", ha apuntado Vila, quien se ha mostrado esperanzado con la reapertura de un caso niños robados ordenada por la Audiencia Provincial de Madrid.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, también ha celebrado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir un caso de niños robados que había archivado el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, por entender que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de parto no han prescrito.

David Serra, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ha estimado que el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha herramientas "útiles" para favorecer el reencuentro de familiares, pero ha opinado que "hay muchos flecos".

Tras conocer que la primera prueba de ADN será gratuita, pero la segunda prueba para contrastar los resultados tendrá que ser sufragada por el afectado, Serra ha pedido que todos los análisis genéticos sean gratuitos para las víctimas ante las dificultades de muchas familias para asumir este esfuerzo económico.

Asimismo, Miguel Ángel Rodríguez, del Colectivo Sin Identidad, ha instado al Estado español a crear una Comisión Nacional Española por el Derecho a la Identidad y una unidad policial de investigación -como se hizo en Argentina- para buscar a los niños desaparecidos.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, en opinión de Rodríguez, las familias afectadas por el robo de niños están en una situación gravísima por considerar que cada día de retraso estas familias están sufriendo "un trato inhumano, cruel o degradante".