Alaya cree que dividir la causa de los ERE provocaría un "caos procesal"

La juez de los ERE,Mercedes Alaya, ha dicho en su exposición razonada al Tribunal Supremo que dividir la causa en un procedimiento para cada ayuda provocaría un "caos procesal", sentencias contradictorias y una vulneración de la seguridad jurídica.

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Efe, en la que pide al Supremo investigar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a siete exconsejeros, la juez explica que para ella sería más cómodo crear una pieza para cada ayuda investigada, pero añade que "esta fórmula, lejos de agilizar, elevará exponencialmente las dificultades de la tramitación de la causa, haciéndola imposible".

Para ello, se basa en que los presuntos delitos son continuados en el tiempo, pues a lo largo de diez años "bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores", se enmascaraba "una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo".

En dicha exposición razonada, a la que ha tenido acceso Efe, Alaya explica los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que atribuye a los 201 imputados y dice que esta "realidad jurídica" del delito continuado "quedaría sin contenido en el caso de que se hiciera el enjuiciamiento por separado, con la consiguiente repercusión en la penalidad".

Además, abrir una pieza para cada una de las doscientas ayudas bajo sospecha sería "claramente perjudicial" para algunos responsables aforados como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros Jose Antonio Viera y Francisco Vallejo, a los que se podrían imponer "tantas penas como juicios se celebraran".

A ello añade que existe "conexidad objetiva y subjetiva" entre los casos investigados y que "el riesgo de fallos contradictorios constituye, más que una mera probabilidad, un peligro obvio, serio e indiscutible".

Se trata de un riesgo "que no se debería correr, a juicio de esta instructora, pues podría atentarse contra la seguridad jurídica" y producir "lo que muchos han denominado un auténtico caos procesal".

En este caso se investiga "un sistema de ayudas sociolaborales instaurado por la Junta a lo largo de más de una década, que partiría de una decisión política que, continuada en el tiempo, fue renovándose en cada ejercicio económico" y que "conllevaba indiciariamente la acción coordinada de gobierno en diferentes consejerías: Hacienda, Empleo e Innovación".

La puesta en práctica del sistema se hizo -añade el texto- a través de "la vulneración, autorizada y consentida, del ordenamiento jurídico estatal, autonómico y comunitario" y conllevaba "una responsabilidad en racimo, inextinguible, inseparable, pues la actuación de cada uno era necesaria para el todo y ese todo era necesario para el otorgamiento y pago de cada una de las subvenciones".

La duda, dice la juez en su exposición de 190 folios, es "cómo separar la causa, dónde poner los límites", y añade que "para esta instructora es obvio que hubiese resultado mucho más cómodo haber organizado tantas piezas como hubiese sido necesario, pero la evidencia ha sido que esta fórmula, lejos de agilizar, elevaba exponencialmente las dificultades de la tramitación de la causa, haciéndola imposible".

Por ello, asegura que "ponderando el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y las exigencias de la seguridad jurídica", es el Supremo quien "debe abarcar el conocimiento completo de la presente causa", en contra de lo que opinan la Fiscalía Anticorrupción y una mayoría de las defensas.Almería recibió cuatro ayudas en ocho años y Sevilla 184

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, dice en su exposición razonada al Supremo que las ayudas investigadas se concentraron en una sola comarca de Sevilla, la Sierra Norte, creando un "agravio comparativo" respecto al resto de Andalucía pues en ocho años Almería recibió cuatro ayudas y Sevilla 184.

En dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, Alaya cita un informe de la propia Junta sobre las ayudas concedidas en Andalucía entre 2001 y 2009, realizado después de la "importante revisión de los expedientes" en la época del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya imputado, que arrojó que Cádiz había recibido 15 ayudas en ese periodo, Córdoba 12, Jaén 13, Huelva 14 subvenciones, Granada 6, Málaga 11 y Sevilla 184.

De ellas, Alaya destaca que durante el periodo en el que José Antonio Viera estuvo al frente de la consejería de Empleo (2000-2004), el total de las ayudas directas a la Sierra Norte de Sevilla fue de 30.900.855 euros,"importante agravio comparativo si contemplamos que para el resto de Andalucía las ayudas en virtud del mismo programa sólo importaron 24.956.218 euros".

Viera -uno de los aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo- fue, según Alaya, uno de los creadores de un sistema de concesión de subvenciones "huérfanas del procedimiento legal", que totalizaron 317 millones de euros, de los cuales 5,4 millones fueron para pagar 40 facturas a despachos de abogados y mediadoras.

Viera inauguró un largo período de 10 años en la Consejería de Empleo en el que las ayudas se caracterizaron por "una gran discrecionalidad" y su otorgamiento "de forma absolutamente libérrima", pues se dieron a empresas y personas cercanas a los sindicatos UGT y CCOO, a la Administración y al PSOE andaluz.

Con ellas, creó "una red clientelar de beneficiarios respecto a dicho partido político y sindicatos mediante la disposición de fondos públicos a favor de éstos por mera liberalidad", mantiene Alaya.

Olvidando "el principio de buena administración, de igualdad de oportunidades y la máxima de servir con objetividad al interés general", Viera permitió "la concentración de un elevadísimo número de ayudas" en la Sierra Norte, dado que frecuentaba aquella zona y tenía allí un importante círculo de relaciones, a lo que se unía el hecho de que Francisco Javier Guerrero era natural de un pueblo de la comarca, El Pedroso, y había sido su alcalde.

Añade la exposición razonada que el "agravio comparativo" alcanzó incluso a las formalidades, pues para la provincia de Jaén las ayudas a empresas "requerían el cumplimiento de todos los trámites y fases que la ley impone" mientras que en la Sierra Norte "ni existía solicitud, ni documentación, ni valoración, ni propuesta, ni resolución motivada, ni fiscalización, ni acreditación del destino de las ayudas".

Un grupo que se vio favorecido por la "masiva y continuada concesión de ayudas públicas" a esa zona fue el de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, que durante el tiempo de Viera como consejero percibieron 13.208.349 euros.

Otro grupo de empresas que concentró un número considerable de ayudas fue el constituido por las sociedades de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, cuyo total ascendió a 9.009.108 euros, de los que 4,8 fueron concedidos en la etapa de Viera como consejero.

A ello Alaya añade que varias empresas de refractarios en la Sierra Norte recibieron un total de 3 millones de euros que se otorgaron por indicación de Viera y a petición del alcalde de la localidad de Guadalcanal (Sevilla), con el que le unía una estrecha amistad, según el testimonio de Guerrero ante la juez.