Alaya pide a la Junta y al Estado información sobre los cursos desde 2002

Sevilla, 24 sep.- La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido al Consejo Andaluz de Formación Profesional de la Junta y al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo los informes sobre los cursos de formación emitidos desde 2002.

La juez hace esta petición en un auto dictado el 18 de septiembre, dos días después de otro auto en el que daba un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que le informara, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002 y para que le explicaran las exoneraciones, por las que las empresas no estaban obligadas a justificar las subvenciones antes de pedir otras.

Alaya afirma que dicta este segundo acto tras el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que se evidencian "graves irregularidades en la concesión de subvenciones a cursos de formación" por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Tras la imputación de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda en este caso, la juez recaba del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo los informes sobre programación, gestión, control y evaluación de la formación para el empleo elaborado por la comunidad andaluza desde 2002.

Además, solicita al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo las conclusiones y recomendaciones que hayan hecho sobre el funcionamiento del subsistema de los cursos de formación.

Al Consejo Andaluz de Formación Profesional le pide los informes que haya emitido desde 2002 sobre programas, acciones y subvenciones formativas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

La juez también solicita a la dirección general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el informe sobre los protocolos de colaboración y las actas de las reuniones en las que se recogen los sucesivos desarrollos de colaboración.

En el anterior auto, Alaya pedía indagar en las funciones que tuvo Intervención en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones de formación.

Además, citaba para el 9 de octubre al que fuera responsable del departamento de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, para que se ratifique en su declaración judicial, en la que alertaba de las irregularidades en los cursos.

La Intervención, añade la juez, también tuvo un papel destacado en sus actuaciones con carácter previo a los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que se autorizaban concesiones directas de las subvenciones a la formación hechas por el presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).