Alaya pregunta si Zarrías pidió favores a Ruiz-Mateos por arreglar Rumasa

Sevilla, 25 jun.- La juez de los ERE, Mercedes Alaya, preguntó a José María Ruiz-Mateos Rivero, hijo del dueño de Rumasa, si es cierto que Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal del PSOE, pidió a su padre que comprase dos empresas a cambio de "echar una mano en el PSOE a ver si se arreglaba el tema de Rumasa".

José María Ruiz-Mateos, quinto hijo del empresario que es imputado por los cinco ERE del grupo Rumasa en Andalucía, compareció ayer martes ante la juez Alaya y atribuyó las acusaciones que pesan sobre su familia a la "enemistad manifiesta" hacia ellos de Joaquín Yvancos, un ex abogado del grupo.

Según el texto de su declaración al que ha tenido acceso Efe, la juez Alaya le preguntó si es cierto que sobre el año 2006 o 2007, Zarrías -que entonces era consejero de Presidencia de la Junta- pidió a su padre que comprara una fábrica de yogur y luego otra compañía de Jaén "a cambio de que Zarrías echara una mano en el PSOE a ver si se arreglaba el tema de Rumasa".

Ruiz-Mateos respondió que solo en una ocasión habló con Zarrías "actuando como secretario de su padre para concertar una cita" en la que se iba a tratar la inversión del grupo Rumasa en la empresa jiennense Primayor.

El empresario precisó que él personalmente nunca estuvo presente en las reuniones con Zarrías ni con otros cargos públicos de la Junta y desmintió expresamente la afirmación de Yvancos de que en las reuniones de Zarrías y Ruiz-Mateos padre siempre estaban sus hijos Zoilo y José María.

La juez también le preguntó por su cuñado que es "alto funcionario" de la Junta y que, según la declaración de Yvancos, solucionaba a la familia Ruiz-Mateos "muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él".

Ruiz-Mateos respondió que el marido de su hermana Nuria se llama Marcos Fernández Halcón pero "es un funcionario por oposición", no sabe que cargo ocupa y "ni él ni sus hermanos han tenido jamás contacto con él a nivel profesional".

Alaya imputó a Ruiz-Mateos haber pagado al "conseguidor" Juan Lanzas -ya imputado- un total 600.000 euros por cada uno de los ERE del grupo en Andalucía, abonos que se hacían en dinero B y entregas mensuales o quincenales de 20.000 euros en billetes de 500.

Además, le imputó ser conocedor de los dos "intrusos" aparecidos en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y los cinco incluidos en el expediente de Dhul, entre ellos dos cuñados de Lanzas.

Finalmente, según la acusación, Ruiz-Mateos conocería los pagos a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, "por su actuación favorable al grupo Nueva Rumasa" y, entre ellos, los 6.960 euros que pagó Dhul a través de una factura falsa emitida en el 2004 por el chófer de Guerrero.

Ruiz-Mateos aseguró a la juez que creía que los ERE del grupo eran "absolutamente legales" y no supo la existencia de intrusos ni la mediación de Lanzas ante la Junta.

Explicó que Yvancos, al serle retirada la dirección de los concursos del grupo, "pretendió chantajear a la familia, exigiéndole el pago de tres millones de euros y en caso de no hacerlo iría a la Fiscalía y a los juzgados a declarar aunque fueran falsedades por el mero hecho de hacerles daño".

Al término de su declaración, la acusación particular de la Junta pidió para él una fianza de responsabilidad civil de 6.485.785 euros, más el tercio legal.