El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha llamado al Gobierno a "diseñar muy bien" los beneficios fiscales previstos en la ley de vivienda para los propietarios que bajen los precios del alquiler, ante el riesgo de que no sirvan para cumplir ese objetivo. "No estoy prejuzgando que se utilicen este tipo de instrumentos, pero hay que diseñarlos muy bien para que al final del día cumplan su objetivo", ha advertido en un coloquio sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda organizado por la Fundación Alternativas.
Arce ha argumentado que, dadas las peculiaridades del mercado del alquiler y la experiencia acumulada, ese tipo de ayudas puede repercutir en una subida de rentas para el arrendatario. "Sabemos que cuando se le da una ayuda a un comprador en un mercado y la oferta es limitada o poco elástica, como puede ser la oferta del mercado de alquiler, ese tipo de ayudas se acaban traduciendo en mayor precio y mayores precios para los compradores, para los arrendadores en este caso", ha afirmado.
También ha criticado las medidas dirigidas a limitar los precios de los grandes tenedores en las zonas tensionadas y ha apuntado que para configurar los nuevos índices de precios de referencia se necesita "información muy detallada, no sobre la renta media de un vecindario, sino la renta media de los arrendatarios, porque ahí puede haber diferencias muy importantes". "Todo lo que sea poner límites a los preciso en zonas tensionadas sabemos que, en el mejor de los casos, es "pan para hoy y hambre para mañana". Soluciona en un área muy localizada y empeora lo que hay alrededor", ha explicado.
A su juicio, aunque el anteproyecto "acierta en su orientación general", este tipo de medidas "no estimulan la generación de la oferta de vivienda amplia y estable" que pretende. En su intervención, Arce ha asegurado que el Banco de España no detecta hasta el momento "ninguna evidencia clara de sobrecalentamiento o de acumulación de desequilibrios en el mercado de la vivienda en España", a diferencia de otros mercados europeos que "sí empiezan a mostrar algunas señales de cierto sobrecalentamiento".
Burbuja en 5 años
A ese respecto, el economista jefe en Arcano Partners, Ignacio de la Torre, ha sostenido que en España existe el riesgo de que haya una nueva burbuja inmobiliaria en los próximos cinco años y se ha mostrado convencido de que la ley de vivienda va a incrementar la incertidumbre, a restringir la oferta " y va a acabar encareciendo los precios aún más". De la Torre ha cuestionado que sea un acierto plantear una "ley orientada a la cultura del alquiler, que incentiva la bajada de rentas, en un país con cultura de propiedad", y ha opinado que el "gran problema" es la dificultad de compraventa que tienen los jóvenes, porque no tienen base de ahorro.
Pacto de Estado
Por su parte, la presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, Carme Trilla, ha defendido la necesidad de llegar a un pacto de Estado para que la ley tenga futuro. "Habría que hacer un esfuerzo de inteligencia mayor para conseguir que esta sea una ley lo más consensuada posible, sino tendremos un problema grave de recursos de inconstitucionalidad y de no aplicación práctica que se va a volver en contra de la propia ley", ha dicho.
Entre los puntos que más habría que mejorar de la ley ha mencionado que el derecho a la vivienda sea exigible para los sin techo, que el Estado garantice a los privados que no pierdan una rentabilidad mínima en los procesos de concertación, que se separe el coste de los suministros del de la renta y que se elimine la definición de grandes tenedores. Ha explicado asimismo que no comparte que las medidas de limitación de precios vayan a "alterar el mercado de una forma profunda", puesto que están planteadas con controles temporales.
El anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el pasado 26 de octubre, terminará el próximo 18 de noviembre su periodo de información pública, según ha apuntado el secretario general de Vivienda y Ordenación Urbana, David Lucas. Éste ha destacado que la ley no supone ninguna usurpación del derecho de propiedad, que desarrolla y blinda los parques públicos de vivienda, que compromete a las Administraciones publicas para que hagan políticas de ayuda a los que tienen más dificultades y que establece distintos mecanismos de colaboración público-privada.
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