Amnistía recoge firmas contra la reforma de la justicia universal en España

Madrid, 26 feb.- Amnistía Internacional (AI) envió hoy casi 70.000 firmas al Partido Popular (centroderecha), que gobierna en España, para detener la reforma de la justicia universal, que a su juicio limita la capacidad de actuar de los jueces españoles.

En un comunicado, la organización afirmó que esta reforma situará a España "a la cola del mundo en la investigación de los peores crímenes internacionales".

La reforma, tal como está planteada, permitirá a los jueces proceder sólo para investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa sea contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o bien cuya extradición al país hubiera sido denegada.

AI explicó que más de 120 organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo para que rechacen la reforma porque "supondría una violación de las obligaciones internacionales de España".

La ONG pidió a todos los grupos parlamentarios que mañana voten en contra durante el pleno que abordará esta iniciativa, que fue respaldada el pasado 20 de febrero con los únicos votos del PP, cuando se acordó tramitar el texto con carácter urgente.

"España estaba en el pasado en la vanguardia de la lucha mundial para hacer rendir cuentas a los responsables de los peores crímenes internacionales, con investigaciones en curso por parte de la Audiencia Nacional de violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda o el Sáhara Occidental, entre otros", explicó Amnistía.

Para esa organización, si se aprueba la reforma las autoridades españolas "confirmarían su intención de situar los intereses económicos por encima de los derechos humanos", según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

"Este proyecto de ley ha coincidido en el tiempo con las presiones ejercidas por parte del Gobierno de China para que cese la investigación en curso de los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por sus fuerzas de seguridad en el Tíbet", añadió Beltrán.

Amnistía recordó que actualmente 163 estados tienen legislación que permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional.

En la Unión Europea, todos los países contemplan la aplicación del principio de jurisdicción universal para al menos un crimen de derecho internacional.

Esta reforma no sólo se aplicaría a futuras investigaciones sino también a aquellos casos que ahora están abiertos, como la causa sobre el genocidio tibetano, torturas en Guantánamo o el caso del cámara español fallecido por disparos de militares estadounidenses en Iraq en 2003, José Couso, que quedarían archivados.