(ampliación) el congreso de los diputados autoriza el nombramiento de romay beccaría como presidente del consejo de estado

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados autorizó este miércoles el nombramiento de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado al no apreciar conflicto de intereses.
El dictamen fue aprobado por 26 votos y sólo 2 en contra, en una votación en la que no participó el PSOE por desacuerdo con el método utilizado por el Gobierno para aprobar el nombramiento, por entender que vulnera las competencias del Parlamento.
La Comisión escuchó al propio Romay, que expuso sucintamente su trayectoria de servicio público desde su ingreso en el cuerpo de letrados del Consejo de Estado en 1959 hasta su más reciente responsabilidad como tesorero del PP, pasando por el cargo para el que ahora se le propone, que ocupó nombrado por José María Aznar apenas durante un año.
A preguntas de algunos diputados, subrayó la ausencia de confrontación en el Consejo de Estado y su servicio leal a los intereses generales.
Se defendió también de las reticencias expresadas por el diputado de Izquierda Plural Joan Josep Nuet, por los cargos públicos que ocupó durante el franquismo, alegando que hizo lo que muchos de su generación, “ayudar a lo que creían mejor”, lograr “lo antes posible” la democratización y el reconocimiento del pueblo como único titular de la soberanía.
También a petición de Nuet aseguró que, mientras fue tesorero del PP, no vio nada “que no estuviera debidamente sostenido” y guardó un “escrupuloso respeto a la legalidad”.
Sobre la polémica acerca de su nombramiento, se limitó a expresar “de buena fe” su convicción de que el Gobierno “ha salvado lo esencial” y por eso él mismo estaba dando cuenta de su idoneidad ante el Congreso de los Diputados.
Jáuregui denunció el “error” del Gobierno al nombrarle sin pasar por el Congreso y el posterior al no revocar el nombramiento hasta la comparecencia y dejar al propio Romay en una especie de suspensión mientras convocaba de forma “precipitada” la Comisión.
Jáuregui se preguntó qué pasaría con ese nombramiento no revocado si el Congreso no lo autorizara, y si llegara a sentenciarse un vicio de nulidad por parte de un tribunal contencioso. “Usted no se merece eso, y el Consejo de Estado tampoco”, afirmó.
Antes, Francisco Caamaño había argumentado sus objeciones a la inclusión en el orden del día del examen del dictamen porque la Mesa de la Cámara aún no ha resuelto el recurso interpuesto por el PSOE precisamente para defender las competencias del Congreso.
En su argumentación, Caamaño atribuyó a la “prepotencia de algún jurista” del Gobierno la interpretación de que la comparencia previa no era necesaria porque la ley que regula el Consejo de Estado, al ser orgánca prevalece sobre la de conflictos de intereses, que es ordinaria.
Jáuregui aseguró que, al margen de esa posible prepotencia en el nombramiento, en su opinión lo que sí ha habdo por parte del Gobierno es “soberbia en la no rectificación”.
El portavoz de CiU, Jordi Jané, defendió la idoneidad de Romay por su conocimiento y respeto probado al Parlamento y su dilatada experiencia, como también Rosa Díez, en nombre de UPyD, que le emplazó a seguir acreditando su “buen juicio, criterio independiente y sentido de Estado”.
Después de las reticencias de Nuet, el portavoz del PP elogió el trabajo “intramuros” de dirigentes como Romay para dirigir la dictadura hacia la democracia y apeló precisamente a esa trayectoria como muestra de idoneidad.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina explicó que no participaría en la votación en protesta por la contradicción entre quienes exigen a otros el cumplimiento estricto de la legalidad, por ejemplo para la constitución de los grupos parlamentarios, “y cuando conviene en otro sentido se buscan triquiñuelas”.