(ampliación) el juez castro pide los registros de varias de las fincas que habría vendido la infanta

El instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha solicitado a distintos registros de la propiedad que le entreguen los expedientes de siete de las 13 fincas que la infanta Cristina habría vendido entre 2005 y 2006 por un valor total de más de 1,4 millones de euros.

Castro, en concreto, ha ordenado a los registros de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que le entreguen las hojas registrales de las fincas e inmuebles que habría vendido la hija del Rey, según se recoge en una providencia dictada hoy.
El instructor del ‘caso Nóos’ ha ordenado estas diligencias después de recibir la semana pasada un informe en el que la Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria aseguraba que la mujer de Iñaki Urdangarin había vendido fincas e inmuebles en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por valor de 1.435.603 euros.
Las ventas se habrían producido después de que los duques de Palma adquiriesen por 5,8 millones de euros el chalé del barrio barcelonés de Pedralbes. La infanta ha negado tajantemente esta información y varios de los presuntos compradores han asegurado que las citadas operaciones nunca tuvieron lugar.
VENTA DE FINCAS
El juez de Palma de Mallorca, en concreto, se dirige al registro de la propiedad de Alicante para que le entregue el expediente de la supuesta venta por parte de la infanta Cristina de una finca en la calle Isla Blanca de la localidad costera de San Juan.
Castro, por otro lado, pide al registro de Almagro la hoja registral de una finca en la calle Carro de la localidad de Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real). Al registro de Arenys de Mar le pide el expediente de una finca situada en la calle San Juan de la localidad.
En cuanto a Pilar de la Horadada (Alicante), el juez pide los registros de cuatro fincas, dos en la zona de La Almazara y otras dos en el lugar conocido como Los Villenas.
Castro solicitó a la Agencia Tributaria el citado informe después de que la Audiencia de Palma decidiese el pasado 7 de mayo suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina al concluir que no hay indicios que puedan demostrar que la hija del Rey intervino en la trama de captación y desvío de fondos públicos pero, sin embargo, dejó la puerta abierta para que el instructor del caso pueda proceder contra ella por delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales.
Los magistrados de la Audiencia de Palma solicitaron por lo tanto a Castro que ordenase a la Agencia Tributaria que aclarase si la infanta pudo cometer delitos de blanqueo y contra la hacienda pública.