(ampliación) el juez ruz abre juicio oral contra hernández moltó y ortega por su gestión al frente de caja castilla-la mancha

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado apertura de juicio oral al expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general de la entidad Ildefonso Ortega, por los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y administración desleal. La Fiscalía pide para ellos dos años y medio de cárcel.
En un auto hecho público hoy, el magistrado requiere a ambos acusados para que en un plazo de diez días y de forma solidaria presten fianza de responsabilidad civil de 138.200.000 euros, atendiendo a la solicitud de la acusación ejercida por el Banco Castilla-La Mancha de indemnizacion por el perjuicio económico sufrido por la entidad en relación con las operaciones investigadas en este caso.
En la resolución, el juez apercibe a los acusados de que se decretará el embargo de sus bienes en caso de que no constituyan la fianza impuesta. Además, el magistrado declara competente para el enjuiciamiento del procedimiento al Juzgado Central Penal y da diez días a los acusados para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.
El juez Ruz acuerda también citar a los dos acusados para el próximo viernes, 19 de diciembre, a las 10.00 horas, para notificarles la resolución.
Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio, en lugar de unas pérdidas de 182 millones.
Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".
Mientras, el Banco de Castilla La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por Adicae, la deja en cinco.
La caja castellanomancheca fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.