(ampliación) la audiencia nacional estudia la constitucionalidad de la bajada de sueldo a los funcionarios

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, con fecha 30 de septiembre, por la que concede un plazo de alegación sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad en relación con algunas disposiciones de su ámbito jurisdiccional contenidas en el real decreto por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Las disposiciones citadas se refieren a la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público, según informó Comisiones Obreras.
La providencia, dictada en el curso del conflicto colectivo planteado a instancias de CCOO en el ámbito de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, avanza “dudas sobre la constitucionalidad” de la redacción de algunos de sus artículos, por posible afectación del “contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva”.
Fuentes jurídicas consultadas por Servimedia explicaron que la ley, en concreto los artículos 4 y 166 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), obliga a que en caso de dudas sobre la constitucionalidad de una norma se deba plantear esta cuestión a las partes para que realicen alegaciones.
Aclararon, sin embargo, que esta medida no significa que una vez escuchadas las partes la Sala vaya a plantear efectivamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Desde CCOO se defiende que esta providencia, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, refuerza, según Enrique Lillo, letrado del Gabinete Interfederal del sindicato, “su posición frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos”.
Por ello, CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público, promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a los cerca de tres millones de personas afectadas.