(ampliación) la audiencia nacional se niega a archivar la investigación sobre el asesinato de couso


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha negado hoy a archivar la causa abierta por el asesinato del cámara de televisión José Couso, que tuvo lugar en Bagdad (Iraq) el 8 de abril de 2003, al entender que la limitación de la jurisdicción universal impulsada por el PP contraviene la Convención de Ginebra.
El magistrado ha dictado hoy un auto en el que señala que la reforma de la justicia universal vulnera lo establecido en la Cuarta Convención de Ginebra, que obliga a los países firmantes, entre ellos España, a perseguir los delitos cometidos contra la población civil en caso de conflicto armado.
La resolución explica que, de archivar la causa por el asesinato de Couso, “estaríamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual está proscrito".
Pedraz concluye que, a pesar de la reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada el pasado miércoles en el Senado y que entró en vigor este sábado derogando la justicia universal, “la jurisdicción española sí es competente” para investigar el asesinato de Couso.
El instructor de la Audiencia Nacional concluye que en el caso del cámara de televisión la solución es “evidente: el juez debe inaplicar la nueva norma”. “El Estado de Derecho exige la existencia de órganos independientes que velen por los derechos y libertades de los ciudadanos, aplicando imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular y controlando la actuación de los poderes público”, indica Pedraz en su auto.
El juez de la Audiencia Nacional tiene procesados y en busca y captura internacional a los militares estadounidenses Philip De Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson como autores del asesinato del cámara de televisión, y les atribuye un delito contra la comunidad internacional en concurso con un delito de homicidio.
CARPETAZO A LAS CAUSAS
Los instructores de la Audiencia Nacional han comenzado este lunes a estudiar el archivo de la docena de causas abiertas en este órgano jurídico en virtud de la jurisdicción universal. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que los jueces darán traslado a las partes para que se pronuncien sobre la pertinencia o no de archivar estos casos.
El propio Pedraz ha seguido este procedimiento en la causa abierta por el genocidio de la población maya en Guatemala y el asalto e incendio de la embajada española en ese país en 1980.
El magistrado, según las fuentes consultadas, entiende que la investigación del asesinato de Couso es un caso especial, ya que, al tratarse de un delito cometido en el marco de una guerra, la investigación está amparada por la Convención de Ginebra.
El auto dictado hoy señala que la Convención de Ginebra debe estar “por encima de la norma interna de forma clara y terminante” y asegura que obliga a España a “perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén”.
Pedraz se ha quejado en numerosas ocasiones de la falta de colaboración de Estados Unidos en esta investigación y llegó a denunciar que Interpol se había negado a tramitar las órdenes de detención internacional dictadas contra los tres militares estadounidenses presuntamente implicados en el asesinato de Couso.
INVASIÓN DE IRAQ
Pedraz sostiene que los disparos contra el Hotel Palestina, que provocaron la muerte de Couso, formaban parte de un “plan” diseñado para evitar que los medios de comunicación pudieran presenciar la toma de Bagdad por las tropas norteamericanas.
Dentro de este plan y durante las primeras incursiones en Bagdad en la mañana del 8 de abril de 2003, la Tercera División de Infantería del Ejército de EEUU se situó en la ribera del río Tigris. Los carros de combate del 64º Regimiento Blindado de la división se situaron en un extremo del puente Al Jumhuriya, efectuando varios disparos contra edificios gubernamentales y otras posiciones militares iraquíes.
En cumplimiento de este plan, los tanques dispararon primero contra la delegaciones de Al Jazeera y Abu Dhabi TV, a pesar de que estas cadenas habían avisado al Pentágono de su ubicación exacta y habían marcado sus sedes con grandes letreros de “prensa”. Los disparos provocaron la muerte del periodista Tarek Ayyoub, así como dos heridos.
Acto seguido, sobre las 11.00 horas, uno de los carros de combate disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina, a la altura del piso 15. El ataque se saldó con la muerte de Couso y del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.
Pedraz acusa a los procesados -el teniente coronel Philip De Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, pertenecientes a la Unidad de Blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano- de participar en la decisión y ejecución de lanzar un proyectil contra el Hotel Palestina.

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