Andalucía logra del estado seguir gestionando temporalmente el guadalquivir

La Junta andaluza logró este martes del Gobierno español lo que ya sabía, que podrá seguir gestionando el río Guadalquivir provisionalmente hasta que se alcance un acuerdo definitivo que aplique la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace unos días derogó el artículo 51 del Estatuto andaluz que fijaba estas competencias.
El Ministerio de Política Territorial acogió este martes una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Andalucía, a la que asistieron, entre otros, el ministro Manuel Chaves; la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y la consejera andaluza Mar Moreno.
El resultado del encuentro fue el esperado, pues de este modo lo pactaron la semana pasada los presidentes andaluz y español, Griñán y Zapatero, en la reunión que mantuvieron en el palacio de la Moncloa al poco de hacerse pública la resolución judicial. Así, ambas partes han pactado una encomienda de gestión que permitirá a la Junta seguir gestionando el río, aunque durante seis meses.
La consejera Mar Moreno, primera en comparecer ante los periodistas, valoró "muy positivamente la celeridad de la respuesta del Gobierno de España ante la demanda de la Junta", como la que llevará al próximo lunes, 4 de abril, a firmar entre la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el consejero andaluz del ramo el convenio que hará posible dicha encomienda de gestión.
Para Moreno, las voluntades de ambos gobiernos "están encauzadas", e incidió en la que será la solución definitiva, que "tendrá que decidir cuál es el nuevo modelo de gestión del Guadalquivir". Ello se abordará en estos seis meses en el marco de una subcomisión dentro de la Comisión Bilateral que, como su propio nombre indica, y como se ocupó de resaltar la ministra Aguilar, no tendrá en cuenta formalmente el parecer de la Junta de Extremadura, comunidad, por cierto, que propició en su día la denuncia ante el TC del estatuto andaluz.
Con todo, en este ámbito, Moreno lanzó un mensaje conciliador: "Queremos encauzar jurídicamente una solución que sea compatible con los intereses del resto de comunidades autónomas".