Domingo, 08.12.2019 - 06:29 h
Examen a 25 años de subvenciones

El apagón nuclear obligará a revisar las ayudas millonarias de 100 municipios

Representantes de los ayuntamientos cercanos a las instalaciones mantuvieron encuentros con el Gobierno en noviembre

Gráfico residuos.
Gráfico residuos.

Más de un centenar de ayuntamientos próximos a instalaciones nucleares reciben ayudas. El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 400 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Según las cuentas de AMAC, desde principios de los años 90, los municipios han recibido más de 400 millones de euros en ayudas, a los que habría que añadir los impuestos (IBI e IAE) que aplican a cada reactor nuclear los municipios en cuyo término se ubican las centrales: hasta siete millones de euros por grupo nuclear y año en Ascó, Vandellós, Cofrentes, Almaraz y Trillo.

Un río de dinero

Todo ese río dinero vuelve a primer plano ante los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para concretar un plan de cierre progresivo de instalaciones. El presidente de AMAC, Mariano Vila, admite que es un tema delicado en el que las cifras pueden distorsionar la realidad. Los representantes de los municipios -72 situados a menos de 10 kilómetros de centrales y 100 si se amplía el círculo a 20 kilómetros- han mantenido reuniones con los nuevos responsables de Energía. Estos han prometido una transición "justa" y los municipios defienden la consideración de las centrales como "fábricas" de kilowatios cuya reconversión merece atención y medidas para suavizar sus efectos.

El cierre de la central nuclear de Garoña fue el primer test sobre las ayudas a los municipios burgaleses afectados. En enero de 2018, el Gobierno del PP aclaró en respuesta a una pregunta parlamentaria que los municipios del entorno de la central seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos. Lo harán, al menos, mientras la planta siga almacenando combustible. 

Los municipios, convenientemente fiscalizados, afirma AMAC, pueden destinar los fondos que reciben a lo que estimen conveniente. La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998.

Examen y dependencia

La orden regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Lo más interesante es que hace un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la orden "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", Industria constata que los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas.

Los municipios están muy atentos ante el posible apagón nuclear porque puede suponer el fin de una época, aunque el proceso será largo y complejo: no existe un Plan de Residuos actualizado -el vigente es del año 2006-; el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) está paralizado, las eléctricas no se ponen de acuerdo entre sí y el desmantelamiento es muy caro.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estima en sus documentos que el coste de un proceso de desmantelamiento está entre el 1 y el 2% del valor de la energía producida por la central. Las empresas no cuantifican ese valor, pero supera con mucho los en torno a 5.000 millones que  han aportado desde 1985 a Enresa. Aunque al fondo, siempre está el recibo de la luz, de donde se paga (casi) todo.

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