La Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha publicado el informe cuatrienal enviado por España para dar cuenta de cómo gestiona los residuos nucleares de sus instalaciones. El documento -Sexto Informe Nacional- fue elaborado y pactado en sus términos por el antiguo Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la empresa pública de residuos ENRESA y la asociación eléctrica Unesa.
El informe 'torea' al organismo internacional: justifica la ausencia de un nuevo Plan de Residuos Nucleares en razones de calendario político y cambio de Gobierno; oculta que el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas carecía de autorización de emplazamiento, y admite que las piscinas de las centrales nucleares están saturadas.
El documento enviado por España a la OIEA fue acabado en octubre y enviado para su examen a partir de mayo. Ha sido publicado este mismo mes. La comparación de este último informe con el enviado hace cuatro años -los dos con Gobiernos del PP- es llamativo. Revela un juego que bordea la verdad cuando explica por qué España gestiona la basura nuclear conforme a un plan -el Sexto Plan de Residuos Radiactivos- que data del año 2006.
El documento (página 11) atribuye el retraso en la adopción de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos -el Séptimo- a razones políticas de fuerza mayor: "El periodo que ha llevado la formación del Gobierno de España durante 2016 y las demoras indicadas en el licenciamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado) han venido postergando el comienzo del procedimiento para su adopción" explica.
El plan fantasma
Los autores han suprimido, sin embargo, algo que sí se recogía en el informe anterior del año 2014: el Gobierno ya disponía desde al menos esa fecha de un plan de residuos para su aprobación; lo había realizado y entregado al Ministerio de Industria -época de José Manuel Soria- la sociedad pública de residuos ENRESA.
Esta es la frase textual de aquel documento de hace cuatro años (pagina 187) : "La necesidad de actualizar dichas previsiones... hacen necesaria la adopción por el Gobierno de un Séptimo Plan (de Residuos), cuya propuesta ya ha sido presentada por ENRESA ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo".
El Gobierno de Rajoy también pasó de puntillas sobre el proyecto de almacén nuclear centralizado en el informe a la OIEA. El documento detalla la adquisición de terrenos en Villar de Cañas, Cuenca (año 2012); la solicitud en 2013 del estudio de impacto ambiental y los enredos jurídicos a partir de 2015 por la oposición de la Junta de Castilla-La Mancha a la instalación. Pero no dice ni una palabra de que en 2017, cinco años después de iniciado el plan, el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental y de autorización de emplazamiento.
Piscinas y almacenes
Sobre la situación de las piscinas y los tres almacenes temporales individualizados (ATIs) en los que cada central nuclear guarda los residuos, el documento sí es claro: las piscinas están saturadas aunque las obras realizadas permiten aguantar hasta que se construya un emplazamiento definitivo.
El problema es que de momento no lo hay. El nuevo Ministerio de Transición Ecológica ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción del ATC. Entre otros puntos, el nuevo Gobierno quiere disponer de un nuevo plan de residuos que sustituya al vigente de hace doce años.
Mientras tanto, el problema de los residuos se mide en miles de metros cúbicos. En concreto, según los datos enviados al organismo internacional de control, son 67.200 metros cúbicos a 31 de diciembre de 2017. El equivalente aproximado a un cubo con la base de un campo de fútbol y 10 metros de altura. De ellos, 6.900 metros cúbicos corresponden a combustible gastado de las centrales nucleares y otros residuos de alta actividad. El documento revela otro dato: Francia custodia 16 metros cúbicos de alta radiactividad de España. Cobra por ello 73.000 euros diarios.
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