Aplauden cambio de jurisdicción de casos relacionados con "Rápido y Furioso"

Phoenix (EE.UU.), 7 sep.- El abogado de la familia del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, asesinado en la frontera de Arizona, aplaudió hoy la decisión del Gobierno federal de cambiar de jurisdicción los casos relacionados con la operación "Rápido y Furioso", que facilitó el envío de cientos de armas a México.

Tres casos relacionados con esta operación, incluyendo el de la muerte del agente fronterizo el año pasado fueron retirados de la fiscalía federal en Arizona, después de que la semana pasada legisladores señalaran la existencia de conflictos de intereses por la participación de esta dependencia en la controvertida operación.

"Creo que fue la decisión correcta", dijo a Efe Paul K. Charlton, abogado que representa a la familia de Terry, quien murió durante un enfrentamiento con un grupo de delincuentes en la frontera de Arizona el pasado mes de diciembre.

En el lugar del asesinato se encontró al menos un arma de fuego relacionada con "Rápido y Furioso", lo que destapó detalles de la operación que provocó fuertes críticas en Estados Unidos.

"Tengo la confianza de que la fiscalía federal en Arizona hizo su mejor trabajo en el caso del agente Terry, pero debido a que esta operación se encuentra bajo un estrecha investigación, lo mejor es dar este caso a otra oficina", dijo Charlton, quien se desempeñó como fiscal federal en Arizona entre 2001 y 2006.

El caso de la muerte del agente fronterizo se encuentra ahora en manos de la fiscalía federal en San Diego, California, con la que Charlton se reunirá en los próximos días para discutir el tema.

El abogado dijo que la familia Terry aún evalúa la posibilidad de iniciar una acción legal en contra del Gobierno federal por la relación que existe entre la operación "Rápido y Furioso" y la muerte del agente.

Charlton indicó que posiblemente en las próximas semanas la familia presente un anuncio ante la corte, el primer paso antes de entablar una demanda, pero esto aún no ha sido decidido.

En opinión del exfiscal, esta operación fue una "idea pobre" que nunca debido ser implementada.

El pasado 30 de agosto renunció el hasta entonces fiscal de EE.UU. en Arizona, Dennis Burke, días después de testificar ante un comité en el Congreso sobre la operación.

Charlton consideró que en el futuro la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) deberá trabajar muy duro para mejor su imagen ante las autoridades en ambos lados de la frontera.

La fiscalía federal en San Diego también verá casos relacionados con la compra de armas que formaron parte de esta operación.

Mientras que la fiscalía federal en Los Ángeles, llevará el caso de Jean Baptiste Kingery, un ciudadano estadounidense detenido en México y quien se sospecha traficaba con componentes de granadas y armas de fuego que transportaba de manera ilegal a México, donde los ensamblaba para los carteles.

La controversia resurgió al conocerse que Kingery fue detenido el junio de 2010 por autoridades estadounidenses, pero fue dejado en libertad cuando la fiscalía federal en Arizona decidió no presentar cargos.

Un agente de ATF aseguró en la investigación del Congreso que Kingery reconoció su relación con carteles mexicanos.

La operación "Rápido y Furioso" permitió el ingreso de cerca de 2.000 armas de fuego a México con el fin de seguir a compradores presuntamente relacionados con los carteles, pero una vez que cruzaron la frontera las autoridades estadounidenses perdieron su rastro.