Aprobada definitivamente la limitación de la justicia universal en España

Madrid, 12 mar.- La limitación de la aplicación de la justicia universal en España quedó hoy aprobada definitivamente por el Parlamento tras obtener el visto bueno del Senado.

La Cámara alta española aprobó la restricción de las condiciones en que un juez de este país puede intervenir en delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que conlleva el archivo de decenas de causas abiertas en tribunales españoles, como la que afecta a ex líderes chinos por la represión en el Tíbet o a militares estadounidenses por la muerte de un cámara español en Irak.

Al igual que en el Congreso de los Diputados, la medida fue aprobada en el Senado únicamente con los votos del gobernante Partido Popular (PP) y sin que la proposición de Ley sufriera modificaciones.

La reforma aprobada hoy establece que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.

Esta decisión y su inminente entrada en vigor afectará a varios casos que tramita la Audiencia Nacional española en este momento bajo el principio de justicia universal.

Entre esas causas están la supuesta represión en Tíbet, el genocidio en Guatemala y Ruanda, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria supuestamente a manos de ex miembros de la inteligencia chilena durante el régimen de (augusto) Pinochet, o la muerte del cámara de televisión español José Couso durante la guerra de Irak.

En el debate de hoy en el Senado español, la oposición reprochó al Partido Popular su "intromisión" en el Poder Judicial al introducir una disposición transitoria que permite el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles.

La iniciativa fue criticada por la oposición tanto por su fondo, que consideran que "abre la puerta" a la impunidad, como por su forma, al tramitarse por la vía de urgencia, sin comparecencias y como proposición de ley.

Por su parte, el PP replicó que la reforma constituye "una opción de política legislativa perfectamente legal" y redactada en "coherencia con los tratados internacionales en la materia y respetándolos escrupulosamente".