Archivada la denuncia por la filtración del informe de la Cámara de Cuentas

Sevilla, 26 jun.- La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la filtración a la prensa de su informe sobre los ERE falsos ya que no se ha podido determinar cuál de las 26 personas que tuvieron acceso a él pudo filtrarlo.

La fiscal jefe, María José Segarra, en un decreto al que ha tenido acceso Efe, destaca que 26 personas tuvieron acceso al informe, entre ellos los auditores, los miembros de la Comisión de Revisión, las secretarias, los consejeros y los máximos responsables de la Cámara.

También pudieron acceder tres informáticos de la Cámara, por lo que resulta imposible "individualizar en una persona concreta" la filtración del informe en el que la Cámara advertía del incumplimiento de la ley por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía a la hora de desviar dinero al "fondo de reptiles" y también ponía bajo sospecha una docena de operaciones cuando Manuel Chaves era presidente.

El decreto de Segarra hace un análisis de las noticias publicadas por el diario ABC y concluye que se filtró tanto el borrador del informe como la revisión técnica realizada el 23 de mayo, una vez hechas las modificaciones oportunas por la Comisión Técnica.

El primer documento fue conocido por doce personas entre el equipo de auditoría, la Comisión de Revisión, la consejera encargada y el presidente de la Cámara, y otras 14 personas tuvieron acceso al segundo: la secretaria general, los consejeros, la auditora responsable y las secretarias de los consejeros.

La Fiscalía constata además que "no se ha detectado acceso no autorizado a la red informática corporativa de la Cámara de Cuentas", cuyos servidores y equipamiento son autónomos.

Segarra tampoco considera procedente abrir actuaciones contra el periodista de ABC porque la divulgación "de un asunto de la trascendencia que nos ocupa" hace obligada la salvaguarda de las fuentes.

Además, duda que exista el delito de revelación de secretos que se denunció, pues la jurisprudencia exige que se haya causado "un perjuicio efectivo", como puede ser dar a conocer la inminencia de una entrada y registro policial.

En este caso, "el público conocimiento del borrador es dudoso que pueda suponer un perjuicio efectivo a la causa pública, por lo que existen serias dudas sobre que los hechos pudieran obtener la calificación como delito de revelación de secretos".

"La entidad menor del delito investigado" tampoco permite orientar la investigación a un hipotético conflicto en el que pudiera decaer la preeminencia del derecho al secreto profesional y la protección de las fuentes, según Segarra, que recuerda que la Cámara de Cuentas puede denunciar la filtración en los juzgados de Sevilla.

El presidente del órgano fiscalizador, en una rueda de prensa el pasado 29 de mayo, aseguró que la "filtración interesada" de la documentación suponía un intento de "limitar y condicionar la labor de los equipos de fiscalización y del pleno", al tiempo que ponía "en entredicho la independencia" de la Cámara de Cuentas.