Arenas dice que la jueza confirma una "trama" y que Griñán obstruye la Justicia

Sevilla.- El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha dicho hoy a EFE que los autos de la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, confirman la existencia de una "trama" en el caso de las ayudas públicas a los ERE, y que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "obstruye" la labor de la Justicia.

La juez ha reprochado a la Junta su "falta de colaboración" para entregar los documentos pedidos y su pasividad ante el "incumplimiento flagrante" de la normativa y el "menoscabo de fondos públicos" que causaba, y unifica el caso con el de Mercasevilla por "la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta" de ERE y Planes de Jubilación Anticipada "con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral".

"Después de los autos de la jueza se confirma que estamos ante una trama y ante el mayor escándalo de los últimos treinta años de autonomía", ha declarado el presidente del PP andaluz, quien ha acusado a Griñán de "obstruir" no solo la labor del Parlamento sino también de la Justicia.

Tras advertir de que el presidente de la Junta "se está riendo de todos los andaluces y del Estado de Derecho", Arenas ha recordado que, hace unos días, el expresidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo que este asunto era "solo cuestión de cuatro o cinco".

Según el dirigente popular, tras las palabras de Chaves, al que ha calificado como "rey de todos los abusos y la chapuza", desde la Junta "ya se habla de casi 200 irregularidades", después de una investigación realizada por la Junta de Andalucía "que carece de toda credibilidad".

"La investigación de la Junta no está dirigida a esclarecer los hechos sino a tapar las graves responsabilidades de Chaves y de Griñán", ha subrayado el presidente del PP andaluz.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha informado hoy de que la Junta ha detectado 72 prejubilados intrusos entre los 5.982 trabajadores investigados por el caso de las presuntas irregularidades en los ERE, lo que supone el 1,2 por ciento del total y un supuesto fraude de 9 millones de euros.