Berlusconi hará trabajos sociales, pero tiene otros asuntos pendientes

Roma, 15 abr.- La decisión del Tribunal de Vigilancia de Milán de aceptar que Silvio Berlusconi cumpla con trabajos sociales su condena por fraude fiscal cierra sólo un capítulo en la larga y complicada historia judicial del expresidente del Gobierno italiano.

El veredicto de hoy pone punto final al caso Mediaset sobre la compraventa de derechos de retransmisión de películas estadounidenses, que comenzó el 21 noviembre 2006 y por el que Berlusconi ha sido condenado por fraude fiscal a cuatro años (rebajados a uno) y a dos años de inhabilitación para cualquier cargo público.

Pero el 20 de junio, en el Tribunal de Apelación de Milán (norte de Italia), se comenzará a examinar el recurso presentado por los abogados de Berlusconi tras la condena del 24 de junio de 2013 a siete años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado caso Ruby.

El caso se refiere a la supuesta incitación a la prostitución de menores que cometió Berlusconi al mantener relaciones sexuales bajo pago con la joven marroquí Karima El Marough, que se hacía llamar Ruby, cuando ésta no había cumplido aún 18 años.

El delito de abuso de poder se cometió, según los jueces, por la llamada que realizó Berlusconi a una comisaría de Milán para pedir que liberaran a la chica, tras ser detenida por un robo.

En este caso los problemas no terminan para Berlusconi, ya que es investigado junto con otras 44 personas de su entorno, entre ellas algunas de las jóvenes invitadas a sus fiestas privadas, por los supuestos falsos testimonios que dieron durante el juicio del caso Ruby.

En este sumario, conocido como "Ruby Ter", Berlusconi y sus abogados históricos Niccolò Ghedini y Piero Longo figuran en el registro de investigados por un supuesto delito de corrupción en acto judicial, al haber podido inducir a sus testigos a prestar falso testimonio.

El ex Cavaliere -título que perdió tras la condena del caso Mediaset- también afronta estos meses el proceso por la supuesta compra de un senador para hacer caer al Gobierno de Romano Prodi en 2008.

El juicio, que comenzó el pasado 11 de febrero, intentará esclarecer si Berlusconi pagó al senador Sergio De Gregorio tres millones de euros, como el parlamentario ha revelado, para que se pasase a su formación e hiciese caer de ese modo al Ejecutivo de su adversario Prodi (2006-2008) durante una votación en la cámara alta.

Además, el próximo 29 de abril en el Tribunal Civil de Milán se abrirá una nueva causa contra las empresas de Berlusconi.

El 19 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo italiano condenó a Fininvest a pagar 541 millones al conglomerado CIR del empresario Carlo De Benedetti por los daños patrimoniales causados en la pugna considerada irregular para la compra de la editorial Mondadori, que finalmente adquirió el grupo de Berlusconi, Fininvest.

Pero De Benedetti ha pedido a Fininvest el resarcimiento de otros 30 millones de euros, más 60 millones de intereses, "por los daños no patrimoniales", así como abonar los gastos judiciales del caso.

A nivel personal, los medios de comunicación señalan que, aunque Berlusconi consiguió rebajar a 1,4 millones de euros al mes, respecto a los 3 millones que pedía de pensión su exmujer Veronica Lario tras el divorcio, la exactriz prevé presentar un recurso de apelación.

La prensa italiana también plantea la hipótesis de que Berlusconi sea enviado a juicio en breve debido a la investigación que se está realizando en Bari (sureste de Italia) por el caso de las "prostitutas de lujo" contratadas por el empresario Gianpaolo Tarantini para algunas fiestas organizadas por el exmandatario.

La acusación, según estos medios, sería el soborno a Tarantini para que guardase silencio o diese falso testimonio sobre este caso.

Por otra parte, el pasado 31 de marzo quedó prescrito el delito por el que Berlusconi había sido condenado a un año de cárcel por el delito de violación del sumario con la publicación de escuchas telefónicas en el diario "Il Giornale", propiedad de su hermano Paolo.