La ministra de Economía, Nadia Calviño, vuelve a apremiar al Tribunal Supremo a aclarar cuanto antes la situación creada con la revisión de la sentencia sobre el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas que establece que es la banca quien debe pagar los impuestos hipotecarios. Considera "indispensable" que "se restaure la seguridad jurídica lo antes posible". Calviño remarca, en una entrevista en El Periódico, que ve "positivo" que el TS "ya haya marcado una fecha" en la que ella espera que "se disipen todas las dudas".
La ministra ya ha manifestado en más de una ocasión que todo lo que afecta a las hipotecas es "tremendamente importante y sensible en nuestro país" desde el punto de vista legal y económico por sus implicaciones sobre los ciudadanos, el sector financiero y en este caso además sobre la Hacienda Pública.
La ministra subraya siempre la importancia de "tener las reglas de juego claras" y se congratuló de que Supremo haya convocado su Pleno, integrado por una treintenta de magistrados, para clarificar la dirección del fallo.
Hace unos días reconoció que, al tratarse de impuestos y su devolución, tendrá "implicaciones fiscales" por lo que su departamento, junto al de Hacienda, se encuentran ya analizando los posibles efectos. Si se confirma, según algunos expertos, serían las agencias fiscales autonómicas las que deberían hacerse cargo de la devolución del tributo aunque posteriormente se lo exigiesen a las entidades financieras.
Algunos cálculos cifra el impacto potencial entre 3.000 y 9.000 millones de euros, dependiendo del alcance y la capacidad de retroceder la reclamación con efectos retroactivos o no. Otros entienden que el fallo no podría aplicarse de manera retroactiva.
La ministra ya ha desvelado que espera que el texto normativo de la futura ley hipotecaria que se implantará por transposición de una directiva comunitaria podría estar listo en el Congreso en un par de semanas para su remisión al Senado, y que redundará precisamente en un refuerzo de la protección de los ciudadanos hipotecados. Sin embargo, detalló que no será ahí donde se adopten medidas si la sentencia del Supremo deviene firme como se espera, sino que el Gobierno tendrá que articular las medidas que considere oportunas al margen de dicha normativa.
Respuesta positiva al plan presupuestario
Por otra parte, la dirigente ha defendido hoy en una entrevista para El Periódico de Catalunya que no tenía "ninguna duda" de que recibiría una carta de la Comisión Europea sobre su plan presupuestario, aunque ha defendido que éste "refleja el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal" y espera una "respuesta positiva" de las instituciones comunitarias.
El plan presupuestario remitido a Bruselas "está alineado con las exigencias del pacto de estabilidad y crecimiento en términos de reducción del déficit", por lo que una vez que se salga "del brazo correctivo del pacto, la atención no va a estar tanto en el déficit en sí mismo como en el ajuste estructural".
Según la ministra, la misiva de la CE, "de carácter técnico", lo que hace es "constatar los parámetros fundamentales del plan presupuestario, que se encuentran dentro de los márgenes de flexibilidad establecidos en la normativa comunitaria y solicita información adicional para poder hacer una evaluación".
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno "no renuncia a tratar de modificar la senda de ajuste fiscal" y defenderá en las Cortes que "es la senda más adecuada para España", por lo que "habría que preguntar a aquellos que se oponen por qué es así".
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