Las 12.800 toneladas de residuos peligrosos llegados a Nerva se han convertido en un quebradero de cabeza para la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha llegado tarde a la crisis del vertedero. A pesar de que el ministerio ha bloqueado ya el traslado de restos peligrosos desde Montenegro, invalidando la posibilidad de depositarlos al municipio onubense, la carga analizada el pasado 3 de febrero ya está a punto de descansar bajo tierra porque ya han 'viajado' al lugar. Pero aún faltan 40.000 toneladas por llegar. Una carga que ahora está en el aire tras la irrupción del ministerio. Por ahora, a Ribera se le ha 'escapado' el 24% de todo en envío total—ya en Nerva— y ha tenido que movilizar al Seprona para poner 'negro sobre blanco' en el opaco tráfico de residuos peligrosos.
El examen es claro: el peso de las "tierras y piedras con sustancias peligrosas" exceden a lo declarado en 500 toneladas más y el buque analizado, llamado Dakota, no se correspondía con ninguno de los que la empresa gestora Valgo "había notificado a efectos de obtener la preceptiva autorización". De esta forma, la ministra se enfrenta el reto de desarrollar mecanismos de control más duros sobre un mercado en el que la transparencia en el volumen y en el tipo de materiales peligrosos que incluyen brilla por su ausencia. La ilegalidad de este envío ha entrado así en contradicción con el marco legal europeo, marcado por el reglamento Nº 1013/2006 relativo a los traslados de residuos, que regula el transporte transfronterizo de estos materiales contaminados en base al Convenio de Basilea y, en consecuencia, la política 'verde' de Ribera también se da de bruces con el 'modus operandi' del comercio de residuos.
La revocación de la autorización a esta gestora es el primer estallido de una realidad caótica en las aduanas que, por primera vez, el ministerio se ha puesto a revisar, tímidamente, tras la polémica generada. Y por eso han saltado las alarmas. A pesar de que el Gobierno aprobó el año pasado un plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos, la realidad es que, como informan fuentes conocedoras, no existe una coordinación rápida y efectiva entre consejerías autonómicas, el ministerio y la Guardia Civil como para que sea realista. Las inspecciones se dan de forma puntual y con previo aviso. Y esperan ser mejoradas con el nuevo proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria. La actuación del 3 de febrero respondió así a una creciente presión social y la solicitud expresa de Ecologistas en Acción, que lo denunció ante Hacienda y Transición Ecológica.
Las CCAA y su gestión
Las comunidades autónomas son las que tienen la competencia para gestionar y coordinar la vigilancia de las instalaciones de tratamiento con un programa autonómico, y también son las responsables de autorizar a las gestoras de residuos de la importación mediante una notificación previa. La Junta de Andalucía había dado el visto bueno a la mercancía al estar los papeles en regla pero la presión ecologista puso en duda desde un primer momento el contenido real de los fletes. Finalmente el ministerio ha tenido que intervenir, incoando un expediente sancionador a la empresa y poniendo sobre la mesa la necesidad de un plan más exhaustivo de control que escapa a los recursos de las autonomías. "Hay una fuga en las inspección, y la Consejería responsable de vertederos no contrasta con analíticas si lo que llega de los países extracomunitarios es lo que la empresa escribe en el informe", explican fuentes de Ecologistas en Acción. También suscribe que las toneladas de DSM, la compañía propietaria del vertedero de Nerva, no coinciden con las toneladas recogidas por la Junta.
770.000 toneladas en 2019
El conflicto generado por los residuos de Nerva ha supuesto el último toque de atención al Gobierno, pero los datos muestran que el envío es un porcentaje ínfimo de lo que recibe España anualmente, en su mayoría, procedente de otros países europeos. Según los datos que recoge de forma anual el Eurostat, nuestro país importó en 2019, último año con cifras, un total de 770.532 toneladas de residuos, de los que el 71,49% (unas 550.000 toneladas) estaban catalogadas como peligrosas.
La estadística elaborada por Bruselas a partir de las comunicaciones obligatorias que deben realizar todos los países que suscribieron el mencionado acuerdo de Basilea muestran como nuestros vecinos han sido los principales emisores de los desechos que han llegado a España. Francia, con cerca de 2.080 millones de toneladas entre 2001 y 2019 es el principal ‘proveedor’, seguido de Portugal (1.070 millones de toneladas) y Reino Unido (1.000 millones de toneladas). Lejos de estos volúmenes está Italia que, pese a todo, ha incrementado su peso en los envíos durante la segunda mitad de la pasada década, hasta las 320.920 toneladas.
La catalogación de los residuos es otra de las problemáticas a las que se enfrentan las autoridades a la hora de conocer qué es lo que llega a las plantas de tratamiento o vertederos españoles. Bien porque las toneladas de residuos que se envían están compuestas por más de un tipo de desechos peligrosos, o bien porque directamente se omite el código que identifica las sustancias problemáticas, hay una parte de la basura que es difícil de categorizar, lo que deriva en un mal tratamiento o en su depósito sin posibilidad de reciclado.
No obstante, los datos sí muestran que España es un país importador de residuos metálicos, gran parte de ellos peligrosos, que son fácilmente recuperables y reintegrables en los procesos productivos del sector metalúrgico. Es el caso de los compuestos de zinc o de plomo, que suponen el 27,3% de todos los residuos que tienen nuestro país como destino final. "Con un proceso de imantado, esto es relativamente sencillo de hacer. Además, para la industria es algo positivo, ya que consigue un producto que ya ha sido tratado y con un coste menor al que tienen las materias primas de primer uso", explica José Luis Fernández, inspector ambiental de la Comunidad de Madrid y miembro de Verdes Equo.
Una tendencia que se confirma si se revisan los tratamientos más habituales de los residuos que llegan a España. En este sentido, la recuperación de compuestos metálicos o reciclado de metales concentra el 39,55% del total de toneladas -unos 1.800 millones- importadas desde el año 2001 cuando Eurostat comenzó a ofrecer cifras sobre los movimientos de resiudos peligrosos. De nuevo, el hecho de que estos envíos estén compuestos por varios desechos peligrosos dificulta el seguimiento de los procesos de reciclado o, como en el caso de Nerva, de su almacenamiento en vertederos a lo largo de la geografía española, a donde han ido a parar al menos 400.000 toneladas de basura en los últimos 20 años procedentes solo de países de la UE.
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