La fiscal general Thelma Aldana, dijo en conferencia de prensa que 14 de los militares están acusados de participar en al menos 88 masacres de indígenas durante el conflicto armado interno, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Aldana explicó que otros cuatro militares en situación de retiro fueron arrestados durante los allanamientos por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen, ocurrido el 6 de octubre de 1981 en la periferia oeste de la capital.
La funcionaria judicial explicó que las capturas ocurrieron tras varios allanamientos dirigidos por la fiscalía de Derechos Humanos en municipios de Alta Verapaz y el departamento central de Guatemala.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el conflicto de 36 años.
"Mediante las investigaciones a los detenidos, se les atribuye la participación en 88 eventos relacionados con las masacres realizadas durante los años de 1981 a 1986, en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala", indicó Aldana.
Parte de la investigación se fundamenta en 558 osamentas de niños, adultos y ancianos localizadas entre 2012 y 2015 en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 han sido identificados con pruebas de ADN.
El antiguo cuartel militar, ubicado en la ciudad de Cobán, fue convertido en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas.
Por el mismo caso, la Fiscalía presentó una solicitud a la justicia para que le retire la inmunidad al militar retirado y diputado electo Edgar Ovalle, del partido derechista FCN-Nación, al que pertenece el presidente electo Jimmy Morales, quien asumirá el cargo el próximo 14 de enero.
Las capturas ocurren poco antes de que un tribunal inicie el 11 de enero un juicio especial por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, quien será representado por sus abogados en la audiencia por sufrir demencia y problemas médicos.
La guerra interna guatemalteca dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó de 93% de los casos a las fuerzas del Estado. La mayoría de las masacres se registraron en zonas indígenas asentadas en el altiplano occidental.
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