Cataluña da un paso en la batalla económica contra el Ejecutivo central. El Govern de Quim Torra ha acordado este martes iniciar las acciones legales contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago correspondientes principalmente a la financiación autonómica de 2019. Es el paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, al término de la primera reunión del Consell ejecutivo tras el paréntesis estival. Budó ha acusado, además, al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de "vulnerar" la ley al "incumplir" sus obligaciones financieras con la Generalitat.
Cataluña reclama al Ejecutivo central 874 millones pendientes de transferir por las entregas a cuenta sin actualizar y otros 443 millones por la recaudación del IVA de 2017. Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda debería ingresar este 2019 toda la recaudación del impuesto de diciembre de 2017 por el efecto de la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII), una decisión que adoptó el anterior ministro, Cristóbal Montoro.
Desde el Ministerio de Hacienda argumentan que no pueden realizar esta transferencia a la Generalitat mientras el Gobierno central se encuentre en funciones. Así lo explicaron fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero la semana pasada cuando Cataluña anunció su movimiento de acudir a los tribunales. La ministra también se amparó en un informe de la Abogacía del Estado que, según dijo, impediría a un Gobierno en funciones arbitrar los mecanismos de transferencia oportunos. El PP ha pedido en el Congreso este documento.
🗣El @GPPopular reclama al Gobierno el supuesto informe que impide transferir entregas a cuenta y recursos pendientes del IVA a las CCAA pic.twitter.com/3fijpr43Zp
— Pablo Montesinos (@montesinospablo) August 26, 2019
"El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación del 2019, que son fruto de una mayor recaudación, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular", afirmó el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la semana pasada. "Invito al resto de gobiernos de las comunidades autónomas a hacer lo mismo y, si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad", añadió.
La retención por parte de Hacienda también afecta a la Comunidad de Madrid. De hecho, el nuevo Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha fijado como prioridad plantear batalla contra el Ejecutivo de Sánchez por esta razón. Es la primera 'guerra' del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. A la región central Hacienda le debe 1.237 millones por las mismas entregas a cuenta, por el IVA de 2017 y por la financiación pendiente del Consorcio Regional de Transportes.
En idéntica situación se encuentran autonomías como Andalucía, Galicia o Castilla y León, gobernadas por el PP. Las transferencias tampoco han llegado a territorios que lidera el PSOE, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares o la Comunidad Valenciana, uno de los territorios más combativos en asuntos relacionados con la financiación.
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