Cataluña acusa al Gobierno de anular el traspaso de ocho hospitales

  • La Generalitat ha acusado hoy al Gobierno de "derogar" la transferencia de los ocho hospitales catalanes que son titularidad de la Seguridad Social pero cuya gestión y mantenimiento corre a cargo del Instituto Catalán de la Salud (ICS) desde hace más de 30 años.

Barcelona, 2 oct.- La Generalitat ha acusado hoy al Gobierno de "derogar" la transferencia de los ocho hospitales catalanes que son titularidad de la Seguridad Social pero cuya gestión y mantenimiento corre a cargo del Instituto Catalán de la Salud (ICS) desde hace más de 30 años.

En rueda de prensa después de la reunión del gobierno catalán, el portavoz del ejecutivo, Francesc Homs, ha denunciado que en julio del año pasado la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat acordó esa transferencia, pero que el Gobierno ha aprovechado los presupuestos del Estado de 2013 para dar marcha atrás.

Homs ha concluido que este cambio supone que el Estado "se queda todas las inversiones" hechas por la Generalitat en los últimos años en estos hospitales, y ha denunciado que esta "apropiación 'manu militari' es una "alteración en toda regla de los acuerdos firmados".

"Todo lo que la Generalitat ha invertido en grandes centros hospitalarios de referencia, gestionados por el ICS, pasa a ser patrimonio del Estado", ha lamentado Homs.

En julio de 2011 la Comisión Bilateral acordó la transferencia de los inmuebles sanitarios de titularidad de la Seguridad Social en Cataluña, un total de 150, ocho de los cuales son hospitales.

Se trata de centros tan importantes como los hospitales de la Vall d'Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova y el Verge de la Cinta de Tortosa.

Para ello, la administración catalana y la central, entonces gobernada por el PSOE, acordaron crear un grupo de trabajo en el marco de la Comisión mixta de transferencias, para elaborar el censo final de los inmuebles.

Fruto de ese acuerdo, la Generalitat se planteó la posibilidad de vender esos edificios para poder obtener ingresos adicionales y reducir así su déficit.

El gobierno catalán barajó vender los edificios con una opción de recompra y pagar un alquiler o un canon para seguir ocupándolos.

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