Cataluña pide que el catalán sea un requisito para sus jueces y fiscales

  • La Generalitat de Cataluña ha solicitado hoy que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilite la creación del Consejo Autonómico de Justicia y que la lengua catalana sea "un requisito y no un mérito" para los jueces, magistrados y fiscales destinados en esa comunidad.

Madrid, 16 dic.- La Generalitat de Cataluña ha solicitado hoy que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilite la creación del Consejo Autonómico de Justicia y que la lengua catalana sea "un requisito y no un mérito" para los jueces, magistrados y fiscales destinados en esa comunidad.

El conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germá Gordó, ha formulado estas peticiones en la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha estado presidida por el secretario de Estado, Fernando Román, ante la ausencia del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, que se rompió dos costillas en un accidente doméstico.

Gordó ha planteado que la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial tendría que posibilitar la creación de Consejos de Justicia autonómicos en aquellas comunidades autónomas, como Cataluña, cuyos Estatutos de Autonomía ya lo recogen.

También ha reclamado que en aquellas comunidades autónomas con más de un idioma oficial la segunda lengua sea un requisito y no un mérito para los jueces, magistrados y fiscales destinados en esa comunidad autónoma y que, en el caso de Cataluña, que el catalán sea "un requisito y no un mérito".

Además, ha resaltado que si las tasas judiciales tienen que servir para alguna cosa es para pagar la justicia gratuita, que en estos momentos está siendo financiada por las comunidades autónomas.

Ha estimado que, de ninguna manera, se pueden reducir los módulos que en estos momentos se están pagando a los abogados y procuradores por hacer este servicio público.

La futura Ley de Demarcación y Planta Judicial es otra cuestión que preocupa a todas las comunidades autónomas y municipios, puesto que significaría la abolición de los jueces de paz de todos los municipios del Estado español, ha explicado Gordó.

Por ello, ha propuesto la creación de una comisión "ad hoc" para estudiar este asunto, que estaría compuesta por el Ministerio, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación Catalana de Municipios y por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

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