CCOO y UGT denuncian una ofensiva penal planificada contra derecho de huelga

Madrid, 26 jun.- Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado hoy una ofensiva penal planificada contra el derecho de huelga y han recordado que más de 200 sindicalistas están afectados por procedimientos administrativos y penales por participar en la convocatoria y organización de huelgas generales.

En nota de prensa, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han coincidido en subrayar que se trata de un ataque sin precedentes contra el ejercicio del derecho de huelga, que quiebra una tradición de 35 años en la que los trabajadores han ejercido democrática y constitucionalmente este derecho.

Ambos sindicalistas han considerado que se trata de desanimar a la gente para que no participe en las huelgas y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos.

Así, han denunciado que por primera vez en democracia se utiliza el artículo 315 del Código Penal para agravar las penas de cárcel.

Los sindicatos han recordado que sobre los sindicalistas el Ministerio Fiscal pide un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas en las que en ningún caso se deduce que haya habido violencia.

Por ello, los sindicatos han iniciado una campaña en defensa del derecho de huelga, para evitar que nadie entre en prisión.

Dentro de esta campaña se enmarca una ronda de contactos, iniciada hoy, con los portavoces de la Comisión de Justicia en el Congreso del Grupo Mixto, PSOE, CiU, Izquierda Plural y PNV para trasladarles su preocupación por la ofensiva penal contra el derecho de huelga.

En este marco, los sindicatos han convocado una concentración de denuncia el día 1 de julio en la madrileña Plaza de Callao, y otra más el 9 de julio en la mayoría de las capitales de provincia.

Además ambos sindicatos se han dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para denunciar esta ofensiva y reclamar medidas que acaben con la criminalización del sindicalismo.