Madrid, 14 jun.- El control del trabajo de los extranjeros sin autorización o la falta de inscripción de las empresas en la Seguridad Social deben centrar el plan del Gobierno contra el empleo irregular, según CCOO y UGT, que rechazan la pretensión del Gobierno de vigilar a los perceptores de subsidios.
Éstas son unas de las principales observaciones que los dos sindicatos han hecho llegar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno, informaron hoy ambas centrales en una nota conjunta.
El pasado 27 de abril, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, llevó al Consejo de Ministros dicho plan, que también contempla que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.
CCOO y UGT creen que otros objetivos del plan deben ser la vigilancia de que no se pueda compatibilizar el cobro de una prestación con un trabajo y la introducción de elementos de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.
Las dos centrales también critican que el Gobierno se ha olvidado de perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, recuerdan en su documento de observaciones que no se ha contado con ellos para la elaboración del plan, del que dicen que carece de un diagnóstico previo de la situación a partir del cual pueden establecerse objetivos y medidas.
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