Celáa defiende su ley educativa y la envía al Congreso sin tiempo de aprobarse

El Gobierno de Sánchez no se quiere ir sin dejar su impronta en el sistema educativo. O al menos intentarlo. Por eso, este viernes, después de que el presidente anunciara elecciones para el 28 de abril, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo proyecto de ley educativa, la llamada Ley Orgánica de Educación (LOE), que viene a sustituir a la LOMCE vigente y a "corregir sus efectos nocivos en el sistema", según ha señalado la ministra de Educación, Isabel Celáa. De este modo, el Ejecutivo envía al Congreso un texto que no podrá aprobarse, ya que las Cortes se disuelven el 5 de marzo. Aunque es consciente, Celáa ha indicado que se ha presentado el proyecto "por respeto a todas las personas que han trabajado en él".

En rueda de prensa, Celáa ha señalado que esta nueva ley pone a España en la órbita de la "educación del siglo XXI" y la aborda desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas y enfrenta los principales problemas del sistema español: "un índice de abandono excesivo, mucho alumnado con conocimientos insuficientes y una desigualdad de oportunidades". Por ello, cree que hay razones que "justifican de sobra" que se quiera derogar la LOMCE del PP. La ministra ha recalcado que se trata de un proyecto que está reforzado por el trabajo de toda la comunidad educativa "y todas las comunidades autónomas, excepto las gobernadas por el PP, que se han negado a hacer sus aportaciones". Por ello, considera que es un proyecto, "muy enriquecido y muy respaldado".

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Para Celáa, "es imprescindible modificar la legislación educativa española porque la LOMCE rompió el equilibrio existente en el sistema educativo". Según los datos que ha aportado, la ley vigente ha hecho que descienda el número de graduados en la ESO en tres puntos porcentuales y en 2 puntos los de Bachillerato. "Además, nos separaba de Europa respecto a las competencias educativa. Por ello, las razones que justifican esta nueva legislación vienen explicadas desde 2013 por los resultados escolares". Ha resaltado que la LOMCE incorpora programas "de escaso valor educativo que conducían a los alumnos a itinerarios muy diversos. La LOMCE reproduce desigualdades y supone e involución respecto a los sistemas europeos. Sus efectos han sido muy nocivos para el sistema educativo español".

Por ello, considera que el principal desafío de la educación española es corregir esas desigualdades e incorporar todas las doctrinas europeas y de la OCDE, además de y procurar que el alumnado español adquiera las mayores competencias posibles. Así, Celáa ha anunciado novedades como un único título de la ESO que conduzca tanto a Bachillerato como a Formación Profesional -ahora hay dos- o una atención muy específica al tramo de 0 a 3 años para lograr la universalización de la educación para los más pequeños. "Además, la LOE incorpora la igualdad de genero para que las mujeres se incorporen a las ciencias, así como una educación para un desarrollo sostenible o una enseñanza personalizada. Y por último, todo alumno tiene que tener desarrolladas las destrezas de las materias digitales", ha indicado.

Para la ministra, lo más grave de la LOMCE es cómo ha aumentado el número de repetidores, que tiene a España al mismo nivel que Costa Rica. "Si la media de repetidores de la UE está en el 2%, la de España asciende al 12,3%, una media altísima que hay que reducir, y solo se puede conseguir con atención personalizada y diversificada", ha indicado Celáa.

Así, la reforma educativa de la ministra Celaá ha pasado de ser una "modificación puntual de la LOMCE", como anunció en sus primeros meses al frente de la cartera de Educación, a una derogación completa de la 'Ley Wert' que pretendía retroceder hasta la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 con una renovación de su articulado. 

El problema es que los plazos de Celaá se han ido postergando en los ocho meses que lleva en el Ministerio. La vacilación en los tiempos también se ha repetido en la fórmula para acabar con la 'Ley Wert'. A finales del pasado mes de noviembre, cuando ya se había filtrado el borrador de la reforma educativa con una disposición que confirmaba la derogación completa de la LOMCE, Celaá mantenía que sólo pretendía "modificar los aspectos más controvertidos" de la ley aprobada en la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La semana pasada, la ministra de Educación y Formación Profesional detallaba en el Congreso su reforma anunciando a los diputados que "en breves días" dispondrían del articulado de su anteproyecto de ley. El 'número dos' de Celaá en el Ministerio, Alejandro Tiana, ya advirtió en julio del año pasado en una entrevista a Europa Press que era "complicado" derogar la LOMCE en esta legislatura.

La reforma aprobada este viernes elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una "materia específica" de los dos cursos de Bachillerato, y suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno. También incorpora la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en el primer borrador se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular".

"A tal fin las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", se leía en el documento. La 'Ley Celaá' recoge además la posibilidad de titular Bachillerato con una asignatura suspensa, como defendió la ministra Celaá, que considera la medida "un gran favor" a los alumnos emulando la aprobación por "compensación" que existe en la universidad.

Otra de las medidas anunciadas por Celaá para reformar los "aspectos más lesivos" de la LOMCE, como eliminar la "demanda social" como criterio para la planificación escolar, se incorpora al proyecto de ley, donde desaparece este "eufemismo", en palabras de Celaá, para "propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada", según la ministra.