Santiago de Compostela/A Coruña, 23 nov.- Centenares de personas se han manifestado hoy en las principales ciudades gallegas contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que consideran una "ley mordaza" porque "reprime y criminaliza la movilización social".
En A Coruña, doscientas personas, según la Policía local, han partido este mediodía de la Plaza de Pontevedra para finalizar ante la Delegación del Gobierno una marcha con la que denuncian el objetivo del PP de intentar "frenar la oposición social a sus políticas de recortes de derechos sociales y laborales".
Convocadas por la Alianza Social Gallega y bajo una intensa lluvia en el caso de la capital herculina, las protestas se oponen a una reforma "que es un paso atrás en los derechos más básicos porque criminaliza la protesta social, las libertades públicas y las vías de participación democrática".
"Nos retrotrae al franquismo", apostilla la organización, que advierte de que pasan a ser delitos acciones sociales que hasta ahora no tenían esa consideración.
En Compostela, un centenar de personas, según la Policía local, han secundado esta marcha tras la pancarta "No a la ley de seguridad ciudadana. No a la represión de la movilización social".
Los manifestantes han salido de la Alameda para terminar la protesta en la Plaza del Toural, mientras coreaban consignas como "Fuera, fuera la ley mordaza, ni da seguridad ni es ciudadana".
Entre los asistentes se encontraba el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, quien ha dicho a los periodistas que "ya está bien de una política regresiva muy fuerte por parte del PP" con una reforma que además es "represora e involucionista".
"Los problemas no se resuelven persiguiendo a los que protestan sino a los culpables y tomando otro tipo de medidas que permitan sacar a este país de la crisis", ha añadido.
La plataforma de afectados por las preferentes de Santiago se ha sumado a esta marcha, así como sindicalistas, entre ellos de UGT, que sostiene que con las manifestaciones de A Coruñña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo la ciudadanía ha denunciado "que el Gobierno español pretende convertir en conflicto social un problema de orden público". EFE
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