"Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016", manifestó Gómez en una entrevista difundida este sábado por el diario El Mercurio.
La ley Reservada del Cobre obliga al estado destinar 10% de las ventas anuales de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, a un fondo destinado para la adquisición, renovación y mantenimiento de material bélico, y que en los últimos cinco años ha recibido unos 6.000 millones de dólares.
La norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha sido duramente criticada por ser reservada, y pese que se han presentado propuestas para ser modificada, ninguna de ellas ha fructificado.
"Vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República (Michelle Bachelet), quien va a decidir", agregó Gómez.
El ministro chileno explicó que lo fundamental de la propuesta es asegurar un presupuesto para las Fuerzas Armadas "lo más transparente posible" en cuanto a la adquisición de material bélico, con una planificación al menos hasta los próximos 10 años.
La continuidad de la ley fue nuevamente puesta en duda luego que meses atrás se destapó un millonario caso de apropiación indebida de recursos obtenidos gracias a esta norma, que involucra a oficiales del Ejército y que es investigado por la justicia civil, militar y una comisión del Congreso.
El caso fue calificado como "doloroso y complejo" por el general Humberto Oviedo, Comandante del Ejército de Chile, quien criticó a los implicados en el escándalo y manifestó su respaldo a que el Estado realice un mayor control sobre los gastos militares.
"El modo de solución de esta problemática obviamente está en otro nivel, no en el nuestro, pero ojalá no llevemos esta discusión a que la sociedad civil ponga en cuestionamiento lo que debe tener su ejército", dijo Oviedo al diario La Tercera.
El Ejército anunció en un comunicado días atrás la destitución del coronel Guillermo Olivier, involucrado en el desvío de recursos fiscales internos en la Tesorería del Estado Mayor del Ejército.
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