Cientos de alcaldes protestan en Lisboa por el cierre de tribunales

  • Varios centenares de alcaldes portugueses se concentraron hoy en el centro de la capital en protesta por el cierre de tribunales municipales previsto por el Gobierno para reorganizar y hacer menos costoso el sistema judicial.

Lisboa, 28 jun.- Varios centenares de alcaldes portugueses se concentraron hoy en el centro de la capital en protesta por el cierre de tribunales municipales previsto por el Gobierno para reorganizar y hacer menos costoso el sistema judicial.

Los regidores, unos cuatrocientos según medios lusos, intentaron sin éxito ser recibidos por la ministra de Justicia, Paula Teixeira da Cruz, en la céntrica plaza del Comercio de Lisboa, donde tiene su sede el ministerio.

La indignación por la falta de atención a las reivindicaciones convirtió la concentración en protesta y hubo gritos y silbidos contra el Gobierno central y exigencias de que no se complique la vida a los ciudadanos con las recortes judiciales.

La supresión de tribunales se encuentra entre las reformas administrativas y las medidas de austeridad que aplica Portugal para cumplir las exigencias del rescate financiero que recibió el año pasado de la UE y el Fondo Monetario Internacional.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipios de Portugal, Rui Solheiro, afirmó que la negativa del Ministerio de Justicia a recibirlos supone una "ruptura de relaciones institucionales".

El denominado "Mapa Judicial" que prepara el Ejecutivo conservador luso para racionalizar la administración de Justicia prevé el cierre de 54 tribunales de diversas regiones de Portugal, que dan servicio a muchas más localidades.

El Ministerio de Justicia aseguró hoy en un comunicado que la protesta de los alcaldes es injustificada porque sus planes están en proceso de debate con los municipios y el poder judicial, pero también advirtió de que no cederá a "presiones".

A su vez los portavoces de los alcaldes se quejaron a los periodistas de falta de disposición al diálogo por parte del ministerio y criticaron los perjuicios que acarreará a sus comunidades la prevista redistribución de los recursos judiciales.

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